La inseguridad jurídica emite nuevas señales – EL DIARIO (Editorial) – 28.4.2010
Nuevas acciones de hecho, esta vez contra la mina San Cristóbal, el emprendimiento más grande del rubro, son una nueva advertencia negativa para la inversión internacional y nacional ante la evidencia de la falta de seguridad jurídica en el país y la ratificación del Gobierno de que no recurrirá al uso de la fuerza…
…para garantizar la continuidad de los trabajos de San Cristóbal, interrumpidos por el lapso de dos semanas por la quema de sus oficinas, el volteo de ocho vagones de mineral concentrado, el bloqueo de la vía férrea y de los caminos de acceso al complejo minero y de amenazas de “radicalizar” las medidas, con efectos negativos inclusive para el resto de actividades de la región.
No es la primera vez que se contempla la inercia oficial frente a este tipo de problemas y basta con recordar que el actual Gobierno se cruzó de brazos en el similar caso de la mina Himalaya, avalando el avasallamiento a la propiedad privada al permitir que algunos comunarios del lugar se apoderen de la concesión y dejen sin trabajo a los asalariados y en la miseria a sus familias, pese a los reclamos de éstos por meses en las puertas del Ministerio de Minería.
Un sorpresivo pliego petitorio al Gobierno en nombre de los municipios de San Pedro, Colcha K y del puesto fronterizo de Avaroa, fue suficiente para abrir la puerta a nuevos actos atentatorios contra el Estado de Derecho. No es necesario un análisis más serio para concluir que se trata de maniobras propias y nada originales de dirigentes y “cívicos” de Nor Lípez para lograr objetivos políticos personales. Según costumbre de la democracia de los últimos 25 años, los agitadores de este movimiento terminarán mas pronto que tarde como diputados o senadores gracias a su “poder de convocatoria”.
Tal y no otro es el verdadero origen del problema, en una pugna poco menos que concertada entre los municipios ubicados alrededor de la mima San Cristóbal para el reparto de la cuota de regalías. El reducido municipio de Colcha K recibió en dos años 12 millones de dólares por regalías y los similares planean un reajuste impositivo inmediato para multiplicar las rentas de las que carecerían sin la explotación minera atacada. ¿Cuáles son las obras y el desarrollo de Colcha K, financiados con el no despreciable monto para su tamaño?
Entre las distintas regiones aledañas a este tipo de emprendimientos se suponía que la de Nor Lípez no tendría motivos de reclamaciones ni peticiones, en vista de los muchos beneficios que recibe de la indicada concesión y que se traducen con largueza en la infraestructura edificada para los pobladores, la vialidad, la educación, la salud, rubro en el que no sólo lo trabajadores se atienden en las mejores clínicas privadas de La Paz, sino inclusive los pobladores, especialmente los del municipio de San Cristóbal, etc., lo cual es un aporte al desarrollo humano y una justa retribución al lugar, pero que aunque fuera mayor no sería suficiente para detener la maniobra y la ambición de los instigadores.
Si bien las autoridades se apresuraron a afirmar que el Gobierno respeta el contrato con la MSC, parte de dicho respeto y de sus obligaciones propias e intransferibles es garantizar condiciones normales de trabajo tanto a la actividad privada en general como a la pública, debiendo actuar con los mecanismos legales en caso necesario y no hacer la vista gorda para sancionar a los responsables de las tropelías que motivan estas líneas. ¿O es que alguna ley exime de culpa a la acción delictiva cuando proviene de los “movimientos sociales”?
Si un Gobierno se sustrae a dar vigencia a la seguridad jurídica, no sólo deja en la indefensión a los privados, sino que implícitamente se niega a sí mismo como Gobierno. No es necesario recordar que desde Rousseau tal es la naturaleza del “pacto social”, que hace posible la justa y pacífica convivencia dentro de un Estado. Lo contrario es la anarquía y el tribalismo, es decir, la negación de la sociedad civilizada.
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Sin categoría | Willi Noack 28 Abril 2010
