Esa ley debe ser para aplicarla en forma honesta y no convertirse en un instrumento de cacería de brujas para perseguir a los opositores políticos…

La Ley de Lucha Contra la Corrupción, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa, es una espada de Damocles que pende inclemente sobre las cabezas de todos los funcionarios públicos del país, actuales y antiguos.

La tarea para combatir a la corrupción que se ha impuesto el Gobierno es elogiable. La aprobación de esa ley obedece también a un mandato de la comunidad internacional expresado a través de las convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para combatir ese mal que se ha convertido en un flagelo para muchos países, pero especialmente para el nuestro, conocido, en algún momento, como el campeón mundial de la corrupción.

Sin embargo, la norma recientemente aprobada ha encontrado una avalancha de críticas, especialmente de la oposición política y de analistas jurídicos, porque evidentemente contradice principios como la presunción de inocencia mientras no se compruebe la culpabilidad, la retroactividad de su aplicación y su aplicación a actos que antes de su promulgación no se consideraban delitos.

Pero esa ley, todas las que están en vigencia y las que se aprueben en el futuro en nuestro país deben ser para aplicarlas universalmente y en forma honesta, y no convertirse en un instrumento de cacería de brujas para perseguir y encarcelar sólo a los opositores políticos, a funcionarios o ex funcionarios del actual Gobierno que se han convertido en disidentes del oficialismo o que cometen delitos menores.

La forma en que las autoridades gubernamentales se refieren a esa ley para sancionar a quienes ejercieron el poder antes del actual régimen, la hace ver como un mecanismo de venganza y no de justicia. Habrá que recordar que no todos los actuales funcionarios públicos son impecables y que algunos ya incurrieron en actos ilícitos que van desde el robo de dinero a instituciones públicas, que pasan por recibir o negociar coimas y que llegan hasta los que usan y abusan de los bienes del Estado para beneficio propio o particular.

Es una ley muy peligrosa en una sociedad como la nuestra, en la que los funcionarios públicos están acostumbrados a sacar tajadas adicionales, grandes o pequeñas, de los cargos que desempeñan o a tratar bienes sin el menor cuidado porque “son del Estado”.

Los encargados de investigaciones deberán analizar también los daños que causan al Estado los decretos supremos que eliminan las licitaciones para la adquisición de bienes y establecen las compras directas, pasándose por encima de leyes de control que rigen las compras de la administración pública.

No vaya a ser que también asesores jurídicos y económicos del Gobierno hagan incurrir al propio Presidente en actitudes que contravienen esa norma. Deberán siempre advertir al Primer Mandatario de los peligros a los que podría exponerse en el marco de una ley que parecería estar hecha para sancionar a sus adversarios políticos que detentaron el poder, pero que más tarde podría convertirse en un bumerang.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-04-10/noticias.php?nota=20_04_10_edit1.php