Los zarpazos post electorales buscan crear un clima beligerante, especialmente en Santa Cruz, donde el Gobierno central ha concentrado toda la artillería de la violencia política que está acostumbrado a utilizar, esta vez, con la finalidad de esconder cualquier gesto de debilidad luego del golpe de urna del 4 de abril y más que nada, demostrar que si bien fracasó la expansión territorial de la hegemonía del MAS, sigue intacto y muy bien pertrechado todo el aparato que consiguió el 6 de diciembre de 2009, cuyo único faltante es el Poder Electoral que está próximo a conquistar y así evitarse futuras sorpresas.
El otro factor que lleva al Gobierno a salir a pegar tiros a la calle es la situación interna de la estructura política oficialista, no sólo del MAS como partido, sino de todo el conjunto de organizaciones sindicales, movimientos sociales, representaciones campesinas e indígenas que ha comenzado a crujir y que podría dar las primeras señales de fisura, si es que ya no se han dado, incluso antes del 4 de abril.
Una simple mirada a los resultados de las elecciones en el occidente del país, donde se debe tomar en cuenta las numerosas y sonoras victorias opositoras, pero también los triunfos relativamente pobres del oficialismo y algo que poco se ha destacado, la gran cantidad de votos blancos y nulos (20 por ciento en La Paz), refleja un desempeño mediocre del partido gobernante, muy alejado del triunfo que reivindican con ridículos eufemismos los operadores gubernamentales. Conseguir un millón de votos menos de los que se esperaban no deja mucho lugar al debate.
En lo único que no se equivocan los voceros del Gobierno es en afirmar que los números son fríos y que conviene analizar más bien los procesos internos que llevaron a determinados resultados concretos como en Achacachi por ejemplo, donde el MAS terminó en tercer lugar. El problema es que aquí se van a tener que tragar los reproches de los ex incondicionales “ponchos rojos” que protestan por la designación a dedo de los candidatos, queja que se repite en Oruro, en Llallagua, en Quillacollo y también en La Paz. El problema es tan grande, que ha llevado a un senador oficialista a proponer (¿para que se callen?) que se investigue a todos los dirigentes del oficialismo por el fracaso en lugares claves, donde no funcionó el voto consigna y tampoco las amenazas de Evo Morales, lo que desde ya representa un serio problema para alguien que se había erigido como el guía espiritual de los pueblos que lo habían aclamado unos meses antes.
Hay quejas en el Conamaq; la asamblea del Pueblo Guaraní está en marcha desde Yacuiba contra Evo Morales por el irrespeto a la Constitución; hay denuncias de xenofobia, discriminación y autoritarismo contra el Gobierno Plurinacional; la CSUTCB ha anunciado marchas contra el nepotismo y las irregularidades en la estructura gubernamental y finalmente, indígenas de la región amazónica planean llegar desde Riberalta hacia La Paz, en protesta por la marginación del Gobierno, lo que podría estropear en cierta medida la Cumbre Climática que se iniciará dentro de muy poco en Cochabamba y que justamente propone mostrar los supuestos logros de Bolivia en armonizar medio ambiente y respeto a los derechos de los pueblos originarios.

Mientras el Gobierno enciende el avispero en Santa Cruz, aumenta el descontento de los sectores sociales que siempre lo apoyaron.

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