Gobiernos populistas y bancos centrales – Juan Antonio Morales – 14.11.2009
El gobierno del presidente Chávez de Venezuela le ha estado poniendo los últimos clavos al ataúd en que está encajonada la independencia de su Banco Central. La ley del Banco Central de Venezuela (BCV), recientemente promulgada, ha transformado al banco central de una institución monetaria a un banco de desarrollo, que financiará los déficit del gobierno y de la empresa estatal de petróleos PDVSA. El BCV además deberá entregar con más frecuencia sus reservas internacionales al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). Más aún, contra cualquier tipo de garantías, dará créditos a distintos sectores de la economía a tasas de interés subsidiados.
Un poco como aquí con el préstamo de mil millones de dólares del BCB a YPFB, se está obligando al BCV a comprar los bonos de PDVSA, que no se han podido colocar en el mercado por la desconfianza que inspiran.
Sin llegar a los extremos venezolanos, la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) de Bolivia reduce la independencia que tiene el BCB, dada por su magnífica ley 1670 del 31 de octubre de 1995. La NCPE le da el mandato al BCB de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Se ha de suponer que se trata del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. Este mandato, sin la colita de contribuir al desarrollo económico y social, es típico de las legislaciones modernas de banco central y tiene ahora rango constitucional. Queda empero por precisar los alcances de la colita mencionada. Se puede temer que se quiera convertir al BCB en un banco de desarrollo, siguiendo el ejemplo venezolano.
La NCPE reduce las competencias del BCB como autoridad monetaria. El BCB ya no tendría “independencia de objetivos” en la medida en que el Órgano Ejecutivo, aunque en coordinación con el BCB, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país. Tampoco tendrá “independencia instrumental” porque el BCB tiene que coordinar con el Órgano Ejecutivo, las políticas necesarias para el cumplimiento de su mandato. de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional.
Las disposiciones de la NCPE diluyen la autoridad monetaria del BCB y la hacen compartida con el Órgano Ejecutivo. El riesgo está en que las decisiones técnicas se politicen, dados los objetivos electorales que normalmente tienen los gobiernos.
Además de la dilución del BCB como autoridad monetaria, la ambigüedad de algunas disposiciones creará problemas más adelante. En especial, la función de prestamista de última instancia del BCB, que es una función importante de la banca moderna para preservar la estabilidad del sistema financiero, queda en duda por la redacción sumamente ambigua del artículo 330, inciso IV de la NCPE. Esa disposición puede tener interpretaciones que llevan a soluciones completamente opuestas.
Es cierto que la independencia de los bancos centrales es menos importante en un sistema de tipo de cambio fijo. Con ese sistema, las expectativas de inflación se anclan en el tipo de cambio y no en la posición del banco central de definida lucha contra la inflación. El Banco Central poco puede hacer para controlar los agregados monetarios, las tasas de interés o aún los precios de los bienes que intervienen en el comercio exterior, excepto por cortos periodos. En la coyuntura actual, son los movimientos de depósitos del sector público no financiero en el BCB, los que en última instancia determinan la magnitud del dinero nacional que circula en la economía.
Con las disposiciones de la NCPE y el sistema cambiario de tipo de cambio fijo la dominancia fiscal se ha acentuado, lo que es indeseable para la estabilidad macroeconómica. La nueva ley del BCB, que tendrá que moverse dentro de las ambigüedades de la NCPE, deberá, con todo, tratar de efectuar un control de daños.
Sin categoría | Willi Noack 14 Noviembre 2009
