(RATIO IURIS): PRESOS POLÍTICOS – Cayo Salinas – 11.11.2009

“Mientras Leopoldo siga secuestrado en el Penal de San Pedro e impedido de hacer campaña desde la cárcel y  Manfred Reyes Villa prohibido “políticamente” de hacer proselitismo fuera del país,  se continuará sentando precedente a oprobiosas formas de conculcar las garantías constitucionales de quienes optan por cargos de elegibilidad y de quienes, siendo electores, tienen el derecho de oír propuestas y conocer programas.  Esa la democracia a “la boliviana” de los últimos años.”

Uno privado de su libertad e impedido de hacer uso del derecho de expresión como candidato a la Vicepresidencia. El otro, arraigado e imposibilitado de hacer campaña y mostrar su oferta electoral (lo que también constituye una violación a los derechos de los electores)  en lugares  como Argentina, España y EE.UU, donde residen bolivianos.

Los dos son, más allá de cualquier presunción, presos políticos del Siglo XXI. Y es que a Leopoldo sistemáticamente le han  lesionado todos los derechos que le asisten a las personas. Presumiendo su culpabilidad, manejando la causa al margen de toda norma procesal y sin el más mínimo respeto por el orden jurídico y el debido proceso, el gobierno tiene recluido al candidato vicepresidencial de PPB, quien a tiempo de haber sido privado de ser juzgado por juez natural, ahora es impedido de hacer uso del derecho de locución.

Y es que Evo y los muchachos del MAS se abanican en la ley, por eso muestran irreverencia a las órdenes emanadas de la CNE que por segunda vez, ha autorizado a Fernández hacer campaña desde el Penal de San Pedro. Ese acto de irreverencia, que linda en el menosprecio más vil hacia la norma y la institucionalidad, es sólo una muestra del grado de disgregación al que hemos llegado. Por cierto, en Bolivia la ley es escrita para incumplirla y los abogados sirven para arreglar lo que haya que corregir cuando se piensa que la forma correcta de gobernar es “metiéndole nomás”.  Supina ignorancia de quienes hacen loas ante semejante desprecio por la majestuosidad de la ley y la justicia, aquella que se le niega a Leopoldo Fernández desde el primer momento en que fue secuestrado.

Con Reyes Villa pasa algo similar. Si bien el arraigo dispuesto en su contra forma parte de las medidas sustitutivas que la norma prevé, lo mismo que la anotación preventiva de sus bienes (no entiendo cómo puede alegare que había peligro de fuga por la venta de bienes inmuebles cuando se  ordena que los mismos sean anotados preventivamente), lo inaceptable es que las denuncias que pesan en su contra hayan sido activadas e introducidas una vez se supo  que era candidato a la presidencia.  Todo funcionario público debe dar cuenta de sus actos, sin embargo, nada justifica el hecho de politizar la justicia y que sus operadores sean serviles al partido de turno. Las acusaciones del entorno de Reyes Villa llegaron a señalar que la fiscal asignada a la investigación tiene lazos de parentesco con un alto dirigente del MAS, al estar unida sentimentalmente al sobrino de Jorge Alvarado. Más allá de que sean ciertas o no esas alegaciones, lo que no es tolerable es contemplar cómo se manipula la ley para forzar que los contendientes al candidato Evo Morales no tengan las mismas libertades y oportunidades para hacer campaña. Esa suerte de matonaje político, que seguramente recordará a muchos lo que aconteció el año 1952, se antepone a los avances que en materia de DD.HH se ha conseguido a lo largo del último tiempo. Mientras Leopoldo siga secuestrado en el Penal de San Pedro e impedido de hacer campaña desde la cárcel y  Manfred Reyes Villa prohibido “políticamente” de hacer proselitismo fuera del país,  se continuará sentando precedente a oprobiosas formas de conculcar las garantías constitucionales de quienes optan por cargos de elegibilidad y de quienes, siendo electores, tienen el derecho de oír propuestas y conocer programas.  Esa la democracia a “la boliviana” de los últimos años.

Fuente: Cayo Salinas [c.salinas@cayosalinas.com]

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