La acusación fiscal contra el Cardenal es irresponsable, torpe y además ilegal – OPINION (Editorial) – 31.3.2010
Editorial
Si subyacen estas intenciones y que apuntarían ahora al cardenal Terrazas, sería un grave error, porque el pueblo boliviano conoce a este conductor espiritual de los católicos, no de ahora sino desde sus luchas por los pobres, la justicia social y la democracia.
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Bolivia: poder temporal versus poder espiritual
EL DIARIO, 31.3.2010
A través de informes de la Unidad de Investigaciones Financieras, al parecer no debidamente investigados, el fiscal Félix Peralta se precipitó sindicando al cardenal Julio Terrazas de haber recibido Bs 115.000 en 1999 de la cuenta Gastos Reservados y al ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, actual candidato al mismo cargo, de recibir Bs 150.000.
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con más comentarios….
La población en general ha quedado paralogizada ante la acusación que ha realizado el fiscal del distrito de La Paz, Félix Peralta, en contra del cardenal y líder de la Iglesia católica boliviana, Julio Terrazas, en sentido de que habría recibido un monto de dinero proveniente de los gastos reservados durante la administración del ex presidente Hugo Banzer.Lo grave de la declaración del fiscal paceño, es que sin mayor reparo ha realizado una afirmación, sin realizar la correspondiente investigación ni constatación del nombre y de las circunstancias, lo que hace presumir que en este asunto existe intencionalidad por dañar el nombre del Cardenal y de su ministerio en la Iglesia católica.Desde luego que la reacción de la jerarquía católica ha sido inmediata, expresando su perplejidad e indignación y calificando la acusación como infamante. El comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) afirma categóricamente que durante los largos años del ministerio episcopal del cardenal Terrazas nunca él ha recibido dinero alguno de parte de ningún Gobierno y que lo que causa más extrañeza, es que el mencionado fiscal lanza las acusaciones a la opinión pública, sin haber confirmado la identidad de la persona demostrando de esta manera una falta de ética profesional.Las acusaciones del fiscal han originado un grave daño al Cardenal y a toda la Iglesia católica.Lo que mucha gente se pregunta, qué es lo se esconde en esta declaración fiscal, que dicha en las circunstancias actuales, no parece casual y por el contrario, daría la impresión de pretender originar un gran malestar en el seno de la institución eclesiástica considerada una de las más grandes del país y que guarda la fe de millones de bolivianos.La declaración del fiscal se realiza, además, bajo un telón de fondo que conduce a una especie de persecución judicial contra varios dirigentes políticos de la oposición y de cuatro ex presidentes de la República, lo que no deja de crear sospechas sobre la intención del Gobierno de apagar las voces opositoras a sus planes de gobierno e incluso de atacar a la Iglesia católica institución caracterizada por su imparcialidad y por su aporte a la mediación en conflictos sociales y a la pacificación del país. Algunos analistas consideran que se trata de una estrategia para consolidar posturas autoritarias y anular las tendencias que puedan ser críticas en un momento dado.Si subyacen estas intenciones y que apuntarían ahora al cardenal Terrazas, sería un grave error, porque el pueblo boliviano conoce a este conductor espiritual de los católicos bolivianos, no de ahora, sino desde sus luchas por los pobres, por la justicia social e incluso por la restauración democrática, el gran espacio político electoral que ha dado la oportunidad para el surgimiento de grandes movimientos sociales que han permitido la oportunidad política al actual Gobierno.Ojalá que estas declaraciones del fiscal no tengan que ver con estrategias que pretendan socavar la credibilidad de instituciones cuya línea se ha desarrollado a favor de la dignidad de las personas y de sus derechos.
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http://www.opinion.com.bo/31/03/2010/la-acusacion-fiscal-contra-el-cardenal-es-irresponsable-torpe-y-ademas-ilegal/
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Una vez más, el Ministerio Público en La Paz se ha prestado a ser un instrumento de control político y represión. Uno de sus fiscales –que ya participó en el caso Pando– informó que Waldo Albarracín, ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y una persona llamada “Julio Terrazas” habrían recibido dinero proveniente de la partida de “gastos reservados” el año 2001.