En Democracia no cabe el miedo ni la humillación – EL DIARIO (Editorial) – 28.3.2010
Desde hace más de 27 años nos honramos con el sistema democrático en que vivimos, porque entendemos los bolivianos que democracia implica libertad, equidad, ecuanimidad y justicia; sin embargo, en los hechos, muy poco de esas condiciones es práctica permanente y el respeto por esas virtudes es casi nulo, ya que, como ocurre últimamente, se olvida lo que somos y hasta se mansilla el nombre de la Patria y se impone normas, condiciones y lemas institucionales que, de una u otra manera, fueron parte del diario vivir.
En los últimos días, tres ex Presidentes de la República y un ex Vicepresidente han reclamado, airadamente y con justa razón, por la vulneración de la Justicia que se hace con la aprobación de un decreto por el que, en primer lugar, se vulnera totalmente lo establecido por la Constitución Política del Estado; en segunda instancia, se viola normas establecidas internacionalmente y de las que es firmante nuestro país; luego, se mansilla el espíritu y sentido de lo que son los derechos humanos desde cualquier punto de vista y deben ser sagrados para gobernantes y gobernados; finalmente, se desprestigia al país porque ante el consenso internacional nuevamente se lastima a Bolivia.
Las razones esgrimidas, tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo, pese a todas las argumentaciones, caen por su propio peso, porque vulneran un texto constitucional que, a rajatabla y pese a quien sea, fue aprobado e impuesto por la mayoría del partido de gobierno y que el pueblo no tuvo otra salida que aceptar y acatar. Entonces, ¿cómo se puede aceptar un texto que a todas luces viola lo que se había impuesto? ¿O es que ese texto debe ser cumplido sólo por la población? Parece que se olvida que quienes tienen a su cargo la administración del Estado deben ser los primeros y más celosos defensores y cumplidores de la Carta Magna.
El decreto al que hacen referencia los ex mandatarios es claramente atentatorio contra los derechos humanos, aprueba disposiciones que jamás deben ser aplicadas y su puesta en práctica implicaría, de hecho, ingresar en un período totalitario, donde sólo la voluntad de una persona y de un partido cuentan o deben regir en la vida del país. Lo grave de esta disposición es que, al mansillar y ofender al país, y buscar que se aplique a los ex mandatarios constitucionales (con tal de encontrarles culpas, faltas o delitos para condenarlos), no sólo afecta a ellos sino que resultará un precedente y norma para que sea aplicado a todos los que estén en discordancia o desacuerdo con lo que digan o hagan el Gobierno y los otros poderes del Estado.
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, por su propia responsabilidad, tienen la obligación de abrogar esa disposición; de otro modo, impondrán un texto anticonstitucional, arbitrario, ofensivo y lacerante para la dignidad de la Justicia y de su debida aplicación, desconociendo los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y la violación de todas las normas; el país quedará en la indefensión y crecerá la desconfianza en él por parte de organismos internacionales y la propia comunidad de naciones.
Hay que esperar, finalmente, que las propias autoridades, examinando los textos aprobados, convengan en que su aplicación los compromete a futuro y podrían ser ellas las que caigan en esa parte peligrosa de la balanza, que se inclinará siempre en pro de la injusticia y la arbitrariedad. Finalmente, la aplicación del decreto será precedente para que la “justicia comunitaria” se apoye en ella y pueda utilizarla no conforme a principios de justicia sino que esté sujeta a sentimientos mezquinos, venganzas, etc., que mancillarían mucho más al país y su institucionalidad. Corresponde, pues, una revisión exhaustiva de la disposición y atenerse en el futuro a los dictados de la Constitución Política del Estado que, pese a sus yerros, es la Ley de Leyes.
http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_03/nt100328/0_01edt.php
Sin categoría | Willi Noack 28 Marzo 2010
