(RATIO IURIS): INDEPENDENCIA CUESTIONADA – Cayo Salinas – 27.3.2010
“…se pactó rescatar a los mejores y a los más calificados. Así nació por ejemplo, el Tribunal Constitucional y así se designaron a los ministros de la CSJ cuyos integrantes pasaron examen antes a ocupar sus puestos.”
No hay por qué sorprenderse. Todos los partidos políticos en función de gobierno intentaron de una u otra manera tomar control del Órgano Judicial. Lo que ha variado ahora es la forma y el método. Antes aquél era más discreto y menos avezado. Hoy no es así, porque el respaldo que tiene el partido de gobierno lleva a segundo plano reputación personal del acosado, independencia de poderes, dignidad y respeto al ejercicio de la judicatura, entre otras cosas. En la otra vereda están los administradores de justicia. Como antes, sin respaldo político no podían alcanzar vocalías en Cortes de Distrito y menos una silla en la Suprema. Antes también, y al inicio de gestión del gobierno del MAS lo propio, se pactó rescatar a los mejores y a los más calificados. Así nació por ejemplo, el Tribunal Constitucional y así se designaron a los ministros de la CSJ cuyos integrantes pasaron examen antes a ocupar sus puestos. Los administradores de justicia si bien necesitaban el consenso político, en una mayoría no respondían sino a su conciencia y conocimiento. Por supuesto que como en todo, había –y los hay todavía– los corruptos, los que se venden y contra quienes debe lucharse, no otros. Sin embargo ahora la presión parece no tener límite. A título de descolonizar la justicia no se toma en cuenta un aspecto que es central: existen jueces que han hecho carrera y cuyos conocimientos y experiencia son el valor agregado a la hora de aplicar la ley. Como si tal cosa no importara, son notorias las señales de avasallamiento al interior del Órgano Judicial, por lo que bajo ese razonamiento, no recuerdo un pronunciamiento de la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH en el que se haya cuestionado la falta de “independencia e imparcialidad” de la justicia boliviana y se la considere más vulnerable a factores políticos que en años pasados, al punto que se haya instado a “investigar con imparcialidad el caso terrorismo y garantizar el derecho al debido proceso a los detenidos”, además de expresar preocupación por “la profunda crisis estructural y de larga data en la que continúa sumida la justicia en el país”, al punto que “como resultado de las presiones regionales, políticas y económicas el sistema judicial sufre de tráfico de influencias, corrupción y falta de independencia”. ¡Fatal!. Por supuesto que el gobierno rechazó tales alegaciones, no podía callar. Lo complejo viene a darse cuando a dicha alocución se sumó la declaración de Evo cuando llamó a cuatro ex mandatarios “delincuentes confesos organizados en sindicato”. La frase, proveniente de la primera autoridad del país, sentencia la presunción de inocencia de las personas y da pie para dar cabida a las conclusiones emitidas por el Alto Comisionado de la ONU quien sobre el tema se ha limitado a señalar que aguardan en la justicia una “actuación conforme a estándares internacionales sobre un debido proceso justo”. Concluyo. Evo cometió un gafe que puede costarle credibilidad en el contexto internacional y problemas si acaso no genera el escenario adecuado para que se respete la imparcialidad de la justicia evitando se actúe en dirección a su toma y control, ahora que se dice “estar con el cambio”. No hay poder que aguante si acaso no se respeta el Estado de Derecho y las garantías constitucionales de las personas. Sucedió antes y sucederá siempre. La historia es la única que tiene la última palabra, donde quiera que uno esté.
Cayo Salinas [c.salinas@cayosalinas.com]
Sin categoría | Willi Noack 27 Marzo 2010
