LEGALIDAD VERSUS PREPOTENCIA ESTATAL – LOS TIEMPOS (Editorial) – 19.3.2010
NUESTRA PALABRA
Corresponde reconocer el valor y civismo de los ex dignatarios. Los respalda, además, que en su paso por el poder el respeto por los derechos humanos fue una política central.
La carta que han dirigido los ex presidentes de la República Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, a las máximas autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional expresando su preocupación porque el proyecto de Ley de Juicios de Responsabilidades aprobado en la Cámara de Diputados viola la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales que el país ha suscrito sobre derechos humanos, ha provocado una prepotente reacción de algunas autoridades de Estado, que han emitido declaraciones impertinentes y sin fundamento legal alguno, muy similares a las que vertían los funcionarios de pasadas dictaduras.
Los ex mandatarios cuestionan cuatro puntos fundamentales. El primero, que el proyecto de ley se “reconoce como tribunal de enjuiciamiento al integrado por jueces interinos designados inconstitucionalmente por el acusador”, recordando que fue el “diputado” Evo Morales quien solicitó que se les incoe juicios de responsabilidades, el mismo que, en contra de la Constitución y amparado en la denominada “Ley Corta” ha nombrado a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El segundo, que se reconoce la “aplicación retroactiva de delitos y penas” violando el derecho universalmente establecido de que nadie puede ser “sancionado por un hecho que en el momento de realizarse no era delito, ni ser sancionado con una pena más grave que la prevista en el momento de la realización del hecho”.
El tercer punto es que el proyecto “no establece ningún recurso contra una sentencia condenatoria, limitando a los ex dignatarios de Estado derechos y garantías básicos para su defensa”, y el último que en ninguna fase de los procesos que se les ha seguido fueron convocados “para ser oídos por autoridad legal y competente. Tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema enviaron la acusación, sin haber respetado nuestro derecho a ser escuchados, que establecen tanto la anterior CPE como la actual”.
Por ello, demandan que la Asamblea “respete la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales”, pues sólo “así será posible tener la certeza de que estamos construyendo una sociedad más justa, equitativa e integradora”.
Un alegato de esta naturaleza debería servir para enmendar errores… Sin embargo, las ministras de Transparencia y de Defensa Legal del Estado, el viceministro de Coordinación Gubernamental y varios parlamentarios del MAS respondieron con una serie de acusaciones sin sentido, evitando referirse al fondo del planteamiento de los ex dignatarios de Estado. De esa manera, una vez más las autoridades del gobierno demuestran que su propósito, como en otros casos, no es juzgar por la presunta comisión de delitos, sino perseguir por razones ideológico-políticas, y es lamentable que en la función de control político se alineen quienes deberían encargarse de velar por la defensa de los derechos humanos y la correcta administración de justicia.
Por lo demás, corresponde reconocer el valor y civismo de los ex dignatarios al hacer públicos los documentos que se comenta.
Los respalda, además, que en su paso por el poder –más allá de la evaluación de sus respectivas gestiones– el respeto por los derechos humanos fue una política central.
Fuente: http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20100319/legalidad-versus-prepotencia-estatal_62226_112625.html
Sin categoría | Willi Noack 19 Marzo 2010
