UNA DIFÍCIL RELACIÓN – LOS TIEMPOS (Editorial) – 15.3.2010
Es intolerable que no se haya aclarado ningún caso de agresión a periodistas y medios de comunicación, ni se haya sancionado a sus autores
Tradicionalmente, las relaciones entre el poder —de cualquier naturaleza— y la información son malas y, como señalaba un reconocido periodista antes de ingresar a la arena política, debería preocupar a la ciudadanía si esa relación fuera buena. Ello, porque un elemento central del poder es el manejo de la reserva y éste disminuye en la medida en que el secreto es develado por la información.
Además, con la revolución de la informática, se ha ampliado geométricamente la presencia de los medios de comunicación en la sociedad y, en similar o mayor proporción, la preocupación de los distintos operadores del poder, peor aún en quienes consideran al sistema democrático —que exige la libertad de información— un obstáculo para su peligrosa tendencia al hegemonismo.
Si a esa relación de por sí compleja y complicada se agrega posiciones ideológicas que permiten hacer creer que la difusión de la información es un acto que subvierte el poder, se termina por comprender que el oficio del periodismo es peligroso y que en el país hayan aumentado considerablemente las agresiones a sus operadores, como muestran las informaciones y últimamente el Observatorio de Medios de la influyente organización no gubernamental UNIR.
Lo que corresponde en ese escenario, desde los medios democráticos, es insistir en que estos casos de agresión sean investigados y resueltos por los órganos del Estado encargados de ello y que las autoridades, más allá de sus deseos, asuman su responsabilidad para el efecto. El dejar hacer en estos casos no sólo que viola el ordenamiento legal, si no que en un plazo indefinido puede volverse en contra de ellas.
Es precisamente bajo ese enfoque que, una vez más, conviene destacar el valor principista de la democracia y el cumplimiento de las normas que legalmente están en vigencia: No importa quienes ejercen circunstancialmente el poder, hay reglas que regulan la pacífica convivencia y la garantía de su ejercicio es, entre otras, que mañana, cuando sean otros los titulares del poder, también deberán someterse a ellas. Pero, si quienes están en el ejercicio del poder consideran que éste será sine die, rápidamente encuentran los argumentos —falaces por lo demás— para intentar cooptar o reprimir a aquellos medios que no siguen la línea oficial.
En ese orden de cosas, además de las agresiones que se comenta, la autoridad de Telecomunicaciones ha decidido aplicar con cierto rigor las disposiciones que norman el funcionamiento de radioemisoras y, por ello, ha instruido que tres radios de Tarija suspendan emisiones en frecuencia modulada y ha anunciado que habrían más de 50 emisoras que no cumplan con los requisitos exigidos, por lo que procederá a aplicar las sanciones de ley.
No se puede condenar actitudes de esta naturaleza, pero el hecho de que se aplique la ley sólo a quienes tienen una línea crítica a la actual gestión de gobierno y haya omisión absoluta respecto a las violaciones a las normas desde los medios estatales, provoca una justificada susceptibilidad.
Por tanto, más allá de cualquier otra consideración, en la misma medida en que es intolerable que hasta la fecha no se hayan aclarado las denuncias de agresión a periodistas y medios de comunicación, y comience ahora en el sector de los medios la aplicación diferenciada de la norma, los periodistas deberemos seguir denunciado esta actitud y exigiendo plenas garantías para el cumplimiento de nuestra labor
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20100315/una-dificil-relacion_61571_111408.html