Cuarto Poder – EL DIARIO (Editorial) – 15.3.2010
El Organo Electoral Plurinacional, anteriormente Corte Nacional Electoral, quiere constituirse en el cuarto Poder del Estado, a la par del Legislativo, Ejecutivo y el Judicial.
COMENTARIO:
Por CONCLUSIÓN INVERSA tenemos que suponer que el OEA no es independiente…
Para ello los miembros de ese órgano del Estado han elaborado anteproyectos de ley referentes al Régimen Electoral y al Órgano Electoral Plurinacional y los han entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su adecuación en el Texto Constitucional vigente. Sin embargo tienen la última palabra los legisladores que deben conciliar criterios y sancionar la ley y también el Presidente de la República que tiene la atribución de promulgarla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso significa que el anteproyecto elaborado por las autoridades del órgano electoral puede ser objeto de modificaciones durante su tratamiento legislativo.
El proyecto de ley entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional es un esfuerzo del OEP y tiene que ser socializado, es decir para que todos los sectores de la sociedad hagan conocer sus criterios y contribuyan con iniciativas para enriquecer la norma que se pretende dotar al país. En cuanto al planteamiento de algunos para que se convoque a un referendo a fin de que el pueblo se pronuncie sobre las leyes que propone el OEP, no es aceptable, porque la tarea corresponde a los legisladores. Ellos tienen que debatir y establecer si realmente Bolivia requiere ese instrumento. Los responsables del tratamiento de la ley propuesta, por medio de las comisiones y comités respectivos, tienen que realizar audiencias públicas para que los representantes de la población se pronuncien. Esto significa tomar todo el tiempo posible a fin de no incurrir en precipitaciones que a nada positivo conducen.
Los dos anteproyectos de ley entregados a la principal autoridad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el Vicepresidente de la República, se ajustan a lo que dice el Artículo 12 de la Constitución Política del Estado: I. “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”. II. “Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la Defensa del Estado”. III. “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”. Esas son las razones argüidas por el OEP, sin embargo es necesario que los anteproyectos sean también puestos a consideración de la población para que se pronuncie y no se presenten problemas que perjudiquen el tratamiento y la aprobación de las leyes propuestas.
En los proyectos presentados al Legislativo, el Órgano Electoral Plurinacional plantea la creación del Documento Único Nacional de Identificación (DUNI), que consiste en una cédula provista de un chip electrónico con información de la persona, producto del resultado del registro físico, acreditación del estado civil y derechos políticos y electorales de los bolivianos. Además, se contempla a vocales suplentes y jueces electorales. La propuesta tiene la intención de contribuir a generar mayor credibilidad y confianza en los procesos electorales. Pero los que tienen que definir si eso es viable son los legisladores.
A menos de 24 horas de su presentación los proyectos de ley han causado reacciones de rechazo, sobre todo de la institución policial, porque es la responsable del registro de identificación de las personas, y con la ley que se pretende aprobar el Documento Único Nacional de Identificación será entregado por el Servicio Nacional de Registro de las Personas (SNRP), instancia que se encargará de la recopilación de los datos físicos, acreditación del estado civil y ejercicio de los derechos político-electorales de las personas, que estará a cargo del tribunal Supremo Electoral. Este es un primer escollo, porque la Policía Nacional ya no registrará a las personas, lo que antes se pretendió hacer, con una privatización de este servicio, lo que fue rechazado.
Por ello, es importante que tanto senadores como diputados hagan las consultas necesarias a todas las instituciones involucradas con los cambios planteados, conciliando criterios para enriquecer los proyectos propuestos y lograr su promulgación como leyes de la República.
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