FLAGRANTE DESAFÍO A LA CORTE ELECTORAL – LOS TIEMPOS (Editorial) – 9.3.2010
Es de esperar que pese a lo desigual que es la correlación de fuerzas entre los dos Órganos del Estado involucrados en este caso, pueda imponerse lo que manda la ley y la justicia
Hace sólo un par de semanas, la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (MOE-UE) presentó su informe sobre las elecciones generales de diciembre pasado. Al hacerlo, además de identificar los puntos más débiles de nuestro sistema democrático, hizo una serie de recomendaciones tendientes a superar las deficiencias señaladas.
Entre los factores identificados se destacaron dos: el uso abusivo de medios de comunicación estatales para promover a los candidatos del oficialismo, y la injerencia de funcionarios dependientes del Órgano Ejecutivo en las campañas electorales. Especial mención se hizo a los casos del Presidente y del Vicepresidente, quienes en su calidad de representantes máximos del Gobierno hicieron entrega de obras públicas, programas o proyectos en período de campaña, contraviniendo el artículo 9 del Reglamento para la Difusión de Propaganda Electoral.
Para evitar que tales excesos se repitan, la MOE-UE recomendó que la Corte Nacional Electoral sea dotada de los medios suficientes para hacer prevalecer su autoridad, sin que ésta sea burlada con la facilidad con que se lo hizo en el pasado proceso electoral.
Con tales antecedentes, lo menos que cabía esperar para el proceso electoral que culminará en abril era algún esfuerzo para atender las críticas y recomendaciones de los observadores europeos. Y no sólo porque tras ellos está la atenta mirada de importantes gobiernos del mundo, sino porque coinciden plenamente con el criterio de muchos bolivianos que, aunque no desde un pedestal tan alto, expresaron repetidamente similares inquietudes.
Lamentablemente, dos semanas han sido suficientes para que las máximas autoridades del Estado muestren el olímpico desprecio que les inspira cualquier opinión que no coincida con sus propios intereses.
Así lo demuestra la manera desembozada como durante los últimos días el Presidente y el Vicepresidente del Estado han asumido con sus propias manos la campaña electoral de quienes representan al oficialismo. Y lo que es más grave aún, profiriendo amenazas contra quienes se atrevan a ejercer o a promover el ejercicio de un derecho plenamente garantizado por la legislación vigente como es el del voto cruzado.
A ello se suma la advertencia hecha nada menos que por el Vicepresidente del Estado, quien exhortó a la ciudadanía a votar masivamente por los candidatos del MAS so pena de que sus regiones resulten perjudicadas por la falta de apoyo estatal a sus respectivos proyectos de desarrollo. Llegó al extremo de afirmar que el proceso autonómico resultaría paralizado allá donde la voluntad popular favoreciera a algún candidato opositor.
Y como si tan flagrantes violaciones a las reglas de juego vigentes no fueran suficientes, se las cometió nada menos que a través de una transmisión en cadena de los principales medios de comunicación del Estado, encabezados por el Canal 7, que tuvo más de seis horas de duración.
Tan abierto desafío a la autoridad de la Corte Nacional Electoral pone en un muy difícil trance a quienes deben velar por la legalidad y legitimidad del próximo acto electoral y por la salud del sistema democrático. Es de esperar que pese a lo desigual que es la correlación de fuerzas entre los dos Órganos del Estado involucrados en este caso, pueda imponerse lo que manda la ley y la justicia.
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