Una ley “dura y drástica”

Este proyecto de Ley que estuvo archivada en el desaparecido Congreso Nacional durante tres años, fue repuesto recientemente en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya mayoría masista busca aprobar esta norma en el menor tiempo posible, con algunas modificaciones para adaptarla a la nueva Constitución Política del Estado y hacerla más dura y drástica contra hechos de corrupción. La retroactividad de la ley se enmarca en dos temas que son los derechos laborales y la corrupción en la mala utilización de los recursos del Estado, según el vicepresidente Álvaro García Linera. Aseguró que son pocos artículos que se modificaron, pero que todos apuntan a endurecer la drasticidad y la dureza de la Ley contra quienes hayan cometido actos de corrupción contra el Estado.

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20100206/ley-anticorrupcion-sera-retroactiva-y-abarcara-a_56808_101585.html

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Nueva ley crea Servicio de Inteligencia para fortunas

El proyecto de ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que debate el Senado, propone crear un Servicio de Inteligencia. Álvaro García Linera dijo que la norma será una “guillotina judicial” retroactiva.

La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se debate el Senado, plantea la creación de juzgados especiales anticorrupción y la creación de un Servicio de Inteligencia para investigar fortunas de anteriores funcionarios públicos.
La ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, explicó en entrevista con radio Erbol, que con estas dos medidas se pretende dar celeridad al esclarecimiento y sanción de los funcionarios que sean hallados culpables de enriquecimiento ilícito.
El vicepresidente Álvaro García Linera confirmó ayer que se aplicará retroactivamente y se prevé la confiscación de bienes. Según el “vice” la norma será una “gillotina judicial” y enviará una señal jacobina en la “lucha anticorrupción”
Suxo señaló que paralelamente a los juzgados anticorrupción se plantea también, en el proyecto de ley, la creación de una especie de Sistema de Inteligencia Financiera, que estará a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), instancia que indagará sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
A esta iniciativa –agregó la Ministra– se suma la propuesta de tener un banco de datos con toda la información sobre los bienes de los funcionarios públicos, que han sido declarados ante la Contraloría General del Estado (CGE).
“Los funcionarios públicos hacen su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado (CGE), pero nadie controla eso, se pretende ahora que esa declaración pase a ser de conocimiento del UIF y así tener acceso al sistema para cruzar y verificar los datos”, puntualizó.
“Ahora no hay juicio que prescriba o delito prescribible en el ámbito de la corrupción. Es decir si hubo un corrupto en el año 1960 que le robó al Estado y que se demuestra. !A pagar sus cuentas!”, declaró el segundo mandatario del país en contacto con los medios estatales Canal 7 y Patria Nueva.
“Antes el Gobierno era una fábrica de nuevos ricos, quien llegaba al Gobierno era el nuevo rico de la sociedad”, declaró Linera. El que “robó al Estado, pague sus penas y sus propiedades tendrán que ser afectadas”, agregó el Vice.

Fuente: http://elnuevodia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=26026

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Opositores ven persecución en Ley antifortuna

Los opositores al MAS señalan que ‘todos estamos incluidos’ porque comprende además de los funcionarios públicos a particulares, cooperativas, sindicatos. Hay penas de cárcel y confiscación.

El proyecto de Ley de Investigación de Fortunas prevé, además de la retroactividad, la creación de un organismo de inteligencia financiera, penas de cárcel e incautación de los bienes de los involucrados y tiene como alcance a “todo mundo”, según los opositores.
“Hemos realizado un estudio minucioso y vemos que nadie se va a escapar con esta norma”, dijo el diputado chaqueño del Alianza Social, Wilman Cardozo, y agregó que “todos los bolivianos seremos objeto de persecución”.
El parlamentario observó también que se establece el tema del denunciante de buena fe que es protegido por el Gobierno y los organismos de seguridad y el acusado debe ser quien demuestre su inocencia, en forma contraria a los preceptos jurídicos.
A esas críticas se sumó la de la senadora de Convergencia Nacional María Elba Pinckert, quien indicó que “se trata de una ley en blanco” para que el Gobierno de Evo Morales persiga principalmente a los opositores.
La norma, que estuvo tres años paralizada, fue desempolvada en el Senado, ahora de mayoría masista, sin embargo ayer, por unanimidad acordaron suspender su tratamiento y un cuarto intermedio hasta las 16.00 de hoy.
El cuarto intermedio fue declarado para analizar un proyecto le ley que llegó de la Defensoría del Pueblo y otro del Ministerio anti-corrupción.
Ese proyecto de ley establece los procedimientos destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, así como los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos.
También señala el principio de imprescriptibilidad, es decir, la no extinción de los derechos y acciones que tiene el estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además la norma no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y tiene carácter retroactivo.
De acuerdo a la norma que se encuentra en el Senado a la que tuvo acceso El Día, el artículo 90 habla de la confiscación y el 149 especifica el tema del enriquecimiento ilícito que también comprende una pena de 8 años de cárcel a los culpables.
Asimismo el 144 habla de aplicar una pena de cinco a diez años al servidor público que arbitrariamente otorgue un fin distinto, al cual se hallare destinado, en beneficio propio o de terceros a bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado.
El proyecto establece en el art. 149 aplicar la pena de tres a cinco años a quienes favorecieran al enriquecimiento ilícito y penas de ocho a doce años al que ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro estado o de una entidad internacional para que haga valer su influencia derivada del cargo.
De tres a cinco años se establece para quienes obstruyeran la justicia y el que legitime las ganancias ilícitas tendría penas de ocho a doce años.
El senador masista Isaac Ávalos dijo que han revisado el 50% del proyecto y elaborado cambios sustanciales y la senadora Pinckert señaló que éstos han convertido a la norma en “más draconiana”.

A quiénes alcanzará la norma en puertas

Entidades
que pueden ser investigadas

Banca nacional, mercado de valores, entidades aseguradoras, intermediarios y seguros, Mercado de pensiones, Operativos sistemáticas de cambio de moneda, emisión venta y canje de cheques, casas de préstamo, transferencias por courier, correos especiales y medios electrónicos, cooperativas en general, actividades relacionadas con la minería, juegos de azar, casinos, loterías y bingos, autoridades hoteleras, de turismo y agencias de viaje, construcción de carreteras, despachadoras de aduanas, Fondos financieros privados, Mutuales de ahorro y préstamo, Ongs, fundaciones y asociaciones, partidos políticos, agrupaciones, indígenas, etc.

Otros proyectos
Se analizan

El Senado empezó a analizar el proyecto de Ley de 185 artículos sin embargo el Defensor del Pueblo presentó un proyecto y el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción otro. Los senadores decidieron estudiar ambos para incluirlos en la normativa cuyo tratamiento continuará hoy.

http://elnuevodia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=26125