¿Adiós a las AFPs? – EL DIA (Editorial) – 30.1.2010
Reforma de la reforma,Alberto Bonadona Cossío, 30.1.2010
La anunciada sustitución de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas por una gestora estatal está comenzando a tomar forma. Ha sido el propio ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, quien ha confirmado que cumplirá lo que ordena la Constitución aprobada en febrero de 2009, que indica una administración estatal de las pensiones. De esta manera, las dos operadoras privadas que son subsidiarias de grupos financieros de España y Suiza, dejarán en manos de las tesorerías públicas a crearse, la responsabilidad de recibir los aportes de los trabajadores y entregar las rentas de jubilación.
En otras palabras, un ciclo de 13 años de administración privada del sistema de pensiones vislumbra su fin. El Gobierno anunciará en su momento, que otro de los andamiajes del modelo neoliberal ha sido desmontado. Para ello, todavía hace falta que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la normativa de la reforma correspondiente para adecuarla al nuevo texto constitucional. Conviene recordar que en diciembre de 2008 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que habilitaba a dos AFP, una pública y otra privada, para que el trabajador aportante tenga la opción de elegir a cuál acogerse. Pero de acuerdo con el ministro Arce, no habrá modo de elegir.
En el panorama que nos muestra el Ministro, se vislumbra tan sólo una gestora pública del sistema de pensiones. Viene a ser una situación lamentable y preocupante que ante una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, se soslaye la discusión sobre un sistema mixto de administración, en el entendido que debe darse una oportunidad para que los representantes de los trabajadores decidan dónde quieren depositar sus aportes. Si se quiere hacer las cosas bien, el Gobierno debería sopesar con mesura y responsabilidad los tristes antecedentes de la administración estatal de pensiones antes de imponer la administración estatal del capital de toda una vida que pertenece a los trabajadores del país.
Resulta comprensible que tampoco el Ejecutivo tenga alternativas. El actual sistema privado de pensiones se ha erigido en un problema adicional por la elevada deuda que tiene el Estado con las AFP, deuda que según los informes proporcionados a la prensa, asciende a más de 3.200 millones de dólares acumulados. El Gobierno deberá resolver ese incordio y la manera de terminar de la manera más amistosa posible con el contrato que le liga a la AFP Previsión que pertenece al Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), y a AFP Futuro, del grupo Zurich Financial Service. Recién entonces se verá claro en este asunto.
Hasta donde se sabe, se trata del control de más de 2.200 millones de dólares pertenecientes a 1.2 millones de cotizantes. Los trabajadores bolivianos están en su pleno derecho de saber hacia dónde irán a parar sus aportes. Con seguridad que ninguno quiere experimentar la repetición del traumático paso del anterior sistema de pensiones estatal al privado actual, porque en su momento ha significado para muchos trabajadores jubilados enormes perjuicios e injusticias que se han resuelto mal, tarde y nunca. Si el Ejecutivo va a imponer un sistema público único de pensiones, debería hacerse pronto eco de estas preocupaciones.
El Gobierno debería sopesar con mesura y responsabilidad los tristes antecedentes de la administración estatal de pensiones.
fuente: http://elnuevodia.com.bo/index.php?cat=318&pla=3&id_articulo=25289
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La ‘re-reforma’ del sistema de pensiones está a la vuelta de la esquina y una riesgosa intervención estatal en el mismo es una certeza. Ante todo es un riesgo financiero al que me refiero, el cual, en Bolivia, no es fácil de superar porque la economía plurinacional hoy –como la nacional, ayer– no ha superado la pobreza.
Es la misma pobreza que hizo que se incorpore en el diseño del sistema de Administración de Fondos de Pensiones (AFP) la obligación de comprar anualmente bonos del Estado por valor de $us 180 millones, necesarios para cubrir las obligaciones estatales contraídas con los jubilados del viejo sistema de reparto.
La pobreza, por supuesto, no es característica exclusiva del Estado. Si las AFP quisieran invertir todos los aportes de los afiliados que forman el Fondo de Capitalización Individual (FCI) en títulos valores privados, el problema sería mayúsculo: los privados no emiten valores equivalentes a los millonarios montos que administran las AFP. Esta precaria condición de los privados hizo que, desde el inicio del sistema de capitalización individual y hasta hoy, más de dos terceras partes de los recursos recaudados por las AFP tengan el inexorable destino de convertirse en bonos estatales y así aumentar la deuda interna.
La obligación de comprar bonos e invertir mayoritariamente en deuda estatal acercó al sistema de AFP al funcionamiento de un sistema de reparto, muy similar al que reemplazó. Este aspecto lo describí en varias oportunidades y en distintas publicaciones nacionales e internacionales desde 1997. Desde entonces advertí que era fundamental que el Estado, con la activa participación de la Superintendencia de Pensiones y de las propias AFP, estudie las mejores formas para diversificar la cartera del FCI. Por supuesto, no se hizo y ahora ya es tarde: la guillotina se levanta para cortar la cabeza de las AFP y erradicarlas como administradoras privadas.
Como administrador, el Estado no es, por su propia esencia, mal administrador. Sin embargo, cuando se mezclan roles puede enredarse, a pesar de las buenas intenciones que suponemos que conducen a reeditar su intervención en el sistema de pensiones. El proyecto de ley no sólo convierte al Estado en deudor y acreedor de los mismos fondos que administrará, también lo convertirá en el principal inversionista en títulos de entidades públicas. Si es así, será el Estado invirtiendo en el Estado y se abrirán las puertas del infierno. Se ha dicho que el Estado logrará más rentabilidad que la alcanzada por las AFP. ¿Será que se piensa en invertir en las empresas estatales? ¿Será que se considera exigir calificación de riesgos a YPFB o a BoA?
No veo que la Superintendencia de Pensiones, rebautizada en el proyecto como Organismo de Fiscalización Previsional, llegue a ejercer efectivamente autoridad en ese esquema de cosas. Menos aún cuando tendrá en la gestora estatal ejecutivos nombrados por el mismísimo Presidente del Estado Plurinacional. La adopción de la información semestral del manejo de la cuenta individual por el sistema estatal propuesto no es suficiente garantía de buen manejo. En los hechos se ingresará a un manejo nominal de éstas, en las que no es necesaria la inversión de los aportes; tan sólo se necesitará mostrar un crecimiento ‘teórico’ dictado por las autoridades del Poder Ejecutivo, que no evitarán la tentación de intervenir en el sistema que crearán en breve.
* Economista
Sin categoría | Willi Noack 30 Enero 2010
