Una cuestión de libertad – EL DIA (Editorial) – 29.1.2010
Desde el Gobierno se ha anunciado que se impulsará junto a una comisión de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que sancione a las personas que emitan difamaciones y calumnias. La iniciativa podría calificarse de saludable si no existiera un Código Penal cuyos articulados incluyen las sanciones pertinentes en contra de las personas que agreden verbalmente y sin fundamento a otras. Vistas así las cosas, todo hace suponer que las intenciones son otras, y que tienen mucho que ver con el control de los medios masivos, siendo el propio presidente del Estado quien ha respaldado esta propuesta,
Según el presidente Morales, se trata de una necesidad para evitar que los medios mientan y calumnien. Para ello, ha considerado que debe dictarse nada menos que una ley de regulación de los medios de comunicación. En los hechos, estas declaraciones oficiales sólo confirman lo que ya se veía venir, que no es otra cosa que las intenciones del Gobierno de implementar mecanismos legales de control de la información. En el contexto latinoamericano, la situación boliviana tiende a parecerse a la realidad venezolana, donde existen serios conflictos entre el gobierno de Caracas y los propietarios de los medios. Sería lamentable que el país pase por semejantes e innecesarias peripecias.
Resulta sugestivo que la propuesta mencionada haya sido impulsada por uno de los ex hombres fuertes del anterior gabinete ministerial. En todo caso, si existe la decisión de crear una normativa sobre los medios como pretende el Gobierno, sería recomendable que se rija al principio de la autorregulación contemplada en la Constitución, como lo ha sugerido el representante de la Asociación Nacional de la Prensa. Todavía más, viene a ser un imperativo que el Gobierno se atenga entonces al respeto de las normas supranacionales de las cuales es signataria el Estado boliviano, en materia de libertad de expresión y de prensa, y al cumplimiento de los articulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En otras palabras, lo que se teme es un atentado a la libertad de expresión y de prensa en el país y no precisamente una normativa regulatoria. Hasta donde se sabe, existe coincidencia sobre la necesidad de cambios en algunos aspectos del funcionamiento y gestión de los medios de comunicación. Aspectos legales y reordenamiento entre otras cosas. Si se va crear una normativa al respecto, nada más sensato que llamar a un debate con criterio amplio entre los sectores interesados para consensuar la misma. Si se actúa con espíritu democrático se pueden evitar los abusos rayanos en el autoritarismo tipo dictatorial.
La Ley de Imprenta, por ejemplo, resulta un buen referente para debatir sobre la regulación de los medios, sin necesidad de otras normativas que la suplanten. En el país existe un marco jurídico perfectible sobre el rol y funcionamiento de los medios de comunicación. Por lo mismo, resulta un imperativo que antes de proponer otras reglas, el Gobierno acuda a la opinión de los organismos representativos de los propietarios de medios y a los propios trabajadores de la prensa, para que en un alarde de apertura democrática se eviten las vías que llevan al autoritarismo secante, o al preludio de una versión mejorada de las dictaduras. Porque se trata de la defensa de una fundamental cuestión de libertad.
Resulta sensato debatir con criterio amplio entre los sectores interesados cualquier normativa de regulación de medios.
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Sin categoría | Willi Noack 29 Enero 2010
