Salvador Romero afirma: lo importante “es que cualquier ciudadano, independientemente de su origen, de su condición, pueda participar en un proceso político, ya sea como elector o como candidato”.

Helen Álvarez Virreira
La Paz, Bolívia

Las elecciones generales del 6 de diciembre marcarán un hito en Bolivia, ya que supondrán el inicio de la aplicación plena de la Constitución Política del Estado (CPE), traducida en una nueva institucionalidad estatal y un conjunto de derechos y garantías para la población.

El lunes 7 de septiembre es el plazo fijado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), antes Corte Nacional Electoral (CNE), para la presentación de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. La primera institución que surgirá de este proceso es la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hasta ahora la única certeza es la postulación del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gubernamental, que ratificó a Evo Morales y Álvaro García Linera para los principales cargos. Entre tanto, el frente único, postulado por los grupos opositores, todavía es incierto.

Terra Magazine conversó con tres politólogos sobre el momento previo al inicio de la campaña electoral. María Paz Salas, Marcelo Varnoux y Salvador Romero coinciden en que el escenario político actual es desfavorable para una elección competitiva, considerando que persisten las advertencias de sectores afines al oficialismo, en sentido de que no permitirán el ingreso de las candidaturas opositoras a sus regiones.

En criterio de Paz, el hecho de que los partidos tradicionales hayan perdido representatividad es un factor que favorece al MAS, que supo capitalizar las demandas de transformación; sin embargo, también advierte que hay una suerte de desencanto en diferentes sectores de la población, cuyas expectativas de cambio se frustraron ante hechos de corrupción y ante la lentitud en la aplicación del programa de gobierno.

“Han cambiado las personas, pero no han cambiado las mañas. Seguimos con la intolerancia, con esas conductas poco democráticas de siempre imponer la visión al otro”. A esto se suma el corporativismo para la toma de decisiones trascendentales. Los movimientos sociales, dice Paz, se han convertido más bien en pequeños, pero eficaces, grupos de presión.

Varnoux, por su parte, sostiene que, especialmente en el área rural, se está imponiendo el autoritarismo para prohibir el ingreso de los candidatos opositores a todas las regiones del país. Esto, dice, viola los derechos y garantías constitucionales de los postulantes, y también de las personas, pues se les niega el derecho al discernimiento.

Estas actitudes, indica, también podrían presentarse en regiones donde existe oposición al gobierno, lo cual también es antidemocrático y puede llevar a que las instancias gubernamentales actúen con el poder que les otorga la ley.

El politólogo y ex presidente de la CNE, Salvador Romero, considera que de confirmarse las restricciones para que algunas candidaturas puedan realizar sus campañas proselitistas, “esto constituiría un elemento de retroceso para la calidad y la transparencia de los procesos electorales en el país”.

Recordó que las misiones de observación electoral del referéndum sobre la CPE, realizado en enero de 2009, ya detectaron limitaciones a la actividad partidaria y, al mismo tiempo, mecanismos de presión e intimidación sobre la población votante.

Paz añade que el criterio de que la mayoría manda “es la tiranía de la mayoría” y “está más cercano a los sistemas autoritarios”.

Tarea de todos

En este contexto, la labor del OEP será fundamental, pues debe “ser el arbitro imparcial de la competencia electoral, esa es su misión primera, luego debe asegurar que todas las etapas técnicas del proceso estén realizadas de manera adecuada y, por supuesto, debe jugar un papel importante para que las condiciones generales del proceso electoral sean las más correctas posibles”, sostiene Romero.

Aclara, sin embargo, que asegurar estas condiciones indispensables para un régimen democrático, no depende única y exclusivamente del organismo electoral, sino que debería ser un tema prioritario para las instituciones, para los actores políticos y también para la ciudadanía.

Similar es el criterio de Paz, aunque ella advierte que la labor del OEP se desarrollará en un contexto “muy difícil”. El problema es que la OEP no maneja directamente la fuerza pública, dice a su vez Varnoux, entonces tendrá que atenerse a la celeridad de las instituciones gubernamentales para prevenir o impedir agresiones entre las fuerzas políticas en competencia.

Candidatos indígenas

Varios analistas han destacado que otra de las características de este proceso electoral es la preferencia por incorporar candidatos indígenas en las listas de partidos y agrupaciones. Este es “un fenómeno de largo aliento”, dice Romero. Pero lo importante “es que cualquier ciudadano, independientemente de su origen, de su condición, tenga las posibilidades de participar en igualdad de condiciones en un proceso político, ya sea como elector o como candidato”.

Paz indica que el problema está dado por la nueva CPE que privilegia a sectores indígenas, lo que es discriminatorio. Hay que tomar en cuenta además, dice, que el país necesita líderes y no caudillos, y ocurre que varios liderazgos indígenas tienen como base el autoritarismo y la confrontación. Lo que se necesita son personas capaces de “unificar al país” y de plantear nuevas alternativas.

Fuente: http://www.ar.terra.com/terramagazine/interna/0,,OI3951230-EI8868,00-El+escenario+preelectoral+en+Bolivia.html