Virutas 7, artículos publicados entre 1986 y 1998 — Willi Noack
Autor: Willi Noack
Publicado: enviado a eforobolivia en mayo de 2003
Virutas 7, artículos publicados entre 1986 y 1998
Willi Noack
1. Norte – Sur
SECCION 100, 04.12.1990
2. Ordenamiento de la propiedad de tierras
SECCION 100, 29.08.1989
3. Oro en el Madre de Dios
SECCION 100, 17.10.1989
4. País unitario descentralizado
El Nuevo Día, 17.04.1998
5. Percepciones muy personales de un importante taller con organismos internacionales en Tarija
La Gaceta del Norte, No. 22, 1era semana de enero de 1993
1. Norte – Sur
SECCION 100, 04.12.1990
Asombra cómo se pueden resumir la amplitud y magnitud de ciertos problemas en una caricatura: en el diálogo Norte – Sur, el blanco norteño advierte el agujero de ozono, mientras el sureño tiene otra prioridad: el hambre.
Tal vez, debería llamarse “monólogo” a este “diálogo”, pues al fin y al cabo esta discusión está dominada por el pudiente, y el orden de las prioridades de los objetivos a lograrse por políticas concretas, está fijado por los que pagan. Quien paga la banda, exige la música.
Actualmente, se está concluyendo en Uruguay la ronda del GATT, y los resultados serán un medidor de la honradez y el respeto al “fair play” en el diálogo Norte – Sur. ¿Los países poderosos se irán a pronunciar a favor del libre comercio internacional? Deberían hacerlo, si no quieren perder toda su credibilidad como promotores del libre mercado.
¿O se impone la politiquería egoísta, chauvinista, que busca contentar a una clientela nacional a quien no le gusta la competencia y que siempre pide protección?
La imposición de los pudientes se manifiesta en las muchas trabas proteccionistas que dificultan o imposibilitan el libre intercambio de mercaderías y servicios y que distorsionan el equilibrado diálogo Norte – Sur. Pensando en los desequilibrados términos de cambio de comercio internacional, se justifica el cuestionamiento a lo honradez en la declamación sobre la solidaridad de la comunidad internacional.
¿Cuántos quintales de arroz o miles de pies de madera costaba una máquina hace 20 años y cuánto cuesta la misma máquina hoy en día?
Los ricos pueden imponer un orden muy distinto a las prioridades con que se deben resolver los problemas que amenazan, sin duda alguna, a los 5.500.000.000 de hombres que habitan el globo. Can la barriga llena, se pueden preocupar en forma decidida por los problemas globales (agujero de ozono, ecología, protección de flora y fauna, etc.). La barriga vacía se impone imperativamente en un terreno totalmente individualista.
Y, para terminar, un escándalo inaudito: leí (en “Der Spiegel”, en septiembre u octubre del año en curso) que, en voz alta, algunos militares europeos empiezan a pensar en un escenario futuro con comparsas distintas. Después del entierro del conflicto este – oeste, la tarea de los ejércitos norteños puede definirse en la defensa del hemisferio norte contra el sur: ¿Cuán representativos serán estos pensamientos de algunos estrategas?
¡Qué los buenos resultados del GATT comprueban que es mentira lo que piensan estos fabricantes de holocaustos!
2. Ordenamiento de la propiedad de tierras
SECCION 100, 29.08.1989
También en el orden de la economía social de mercado se precisan regulaciones estrictas sobre la propiedad de bienes raíces.
Para fines de seguridad jurídica, las transacciones exigen un formalismo exacto.
Para lograr una adecuada “alocación” (asignación) de tierras, existen las siguientes disposiciones:
1. Estadísticas del mercado, ordenado (decretado) por el estado y de acceso libre y general al público, sobre precios de tierras, alquileres y arrendamientos.
Estos sirven para mejorar la transparencia del mercado, con la consecuencia de que se reduce el margen de fijación irracional de precios, debido al desconocimiento de la situación entre oferta y demanda.
2. El propietario de tierras está cargado con gastos públicos ocasionados por él (alcantarillado, calles …) excluyendo tareas públicas o financiamiento de infraestructura que no está utilizada exclusivamente por el dueño de la tierra.
3. Regulación, mediante intervención del estado, para compensar efectos externos del uso de la tierra, considerando las necesidades de la protección del medio ambiente, en concreto: subvención de la (re)forestación y conservación de monumentos históricos nacionales.
4. Movilización de tierras, para darles mejor uso. En este sentido vale mencionar la política de asignar tierras para urbanizaciones. En tiempo de alta tasa de inflación, las tierras representan un valor estable; además, por la expectativa de alzas en el valor (especulación), la movilización enfrenta ciertos obstáculos.
Fue analizado un impuesto sobre el valor agregado a tierras baldías en zonas urbanas, pero no fue considerado como buena solución. Tiene muchas ventajas, pero sólo mencionemos un argumento en contra: a la movilización, es decir a la venta ,deseada se ve obligada en primer lugar gente pobre quienes no pueden pagar este impuesto.
También existían proyectos que iban mucho más allá de este impuesto: “desnatar” las tierras de todo valor agregado, tal vez complementado con la obligación de rematar periódicamente las tierras. Sin lugar a duda, así se podría movilizar la tierra, supuestamente en forma compatible con un orden económico del mercado, pero por otro lado causaría una permanente expropiación a los dueños, en primer lugar a los menos solventes; por lo tanto, estas ideas están consideradas como intolerables por su impacto social. Consecuentemente, la constitución política de la RFA protege la propiedad privada contra el “antojo colectivo”.
En el orden de la economía social del mercado no se trata de maximizar, sino de optimizar la movilización de recursos naturales, específicamente la tierra.
Sin embargo, existen algunas excepciones que ejercen una fuerza directa o indirecta para obligar a vender (ej.: construcción de infraestructura), conscientes de que su generalización significaría una devaluación del derecho de propiedad, eliminación del derecho de libre contratación y una amenaza a las libertades fundamentales del individuo.
Lo que sí se considera compatible con los normas del mercado, es una cierta influencia del estado en la planificación del uso de las tierras.
Se justificaría esta necesidad con la imprescindible optimización de la relación costo-beneficio para infraestructura muy costosa, con manejo público del hábitat, con unificación de actividades en ciertas zonas (vea, por ej. : la creación de parques industriales), buscando una complementación de áreas entre sí. Para entender mejor la trascendencia del tema: imagínese que en una zona residencial de alto nivel funcionara una industria con alta emisión de olores, ruidos, etc.
Un parámetro, muchas veces olvidado, es el efecto – impacto sobre el ciudadano: incremento marginal de beneficio para él (por ej. : aprovechar de una muy buena escuela, equipada “a todo dar”, versus el costo marginal para este padre de familia si la escuela mencionada queda a 10 kms. de su hogar, lo que representa costos adicionales).
Un fenómeno vale ser mencionado: la concentración parcelaria (“Flurbereinigung” o reordenamiento de tierras agrícolas). Se trata de un método consolidado con la participación de todos los afectados, para reordenar la propiedad de tierras minúsculas y dispersas, formando unidades más grandes que permitan la aplicación de métodos de utilización más económicos (economía de escala).
También con respecto a las tierras, el mercado precisa de los precios resultantes del libre juego entre demanda y oferta, como señales que reflejan el valor de este bien o factor productivo, y los cuales garantizan la mejor alocación de este factor en la economía nacional.
En síntesis, la economía de mercado también ofrece mecanismos satisfactorios para el buen funcionamiento del mercado parcial (o sectorial) de los bienes raíces.
Propiedad privada garantizada es uno de los pilares de una sociedad libre.
Inversiones, sobre todo las de largo alcance, precisan de esta garantía como “condicio sine qua non”.
El tema es de mucha actualidad y trascendencia para el país, a ver si existe voluntad política y sabiduría para corregir algunas fallas existentes. La confianza es base de las inversiones.
La confianza se alimenta con fe en la intocabilidad de la propiedad privada.
3. Oro en el Madre de Dios
SECCION 100, 17.10.1989
En 1985, el país produjo sólo 561 kg de oro. En 1988 fueron producidos 4.889 kg, con un valor de casi 70 millones de dólares, de los cuales provinieron 2.796 kg de cooperativas y pequeños mineros, o sea, ¡un 78%!
Según estimaciones recién publicadas en “International Gold Mining News Letter”, se cree que la producción de oro proveniente de los pequeños “mineros” y cooperativas auríferas puede estar en el orden de 8.000 hasta 10.000 kg anuales.
La producción de oro en Comibol en 1988 fue cero, las empresas medianas produjeron 1.092 kg, el saldo de 22%.
Bien entendido, todos estos datos se basan en datos publicados oficialmente.
La mayor parte de la producción proviene de pequeños mineros y cooperativas del noreste de Bolivia, de los ríos Beni, Madeira, Mamoré, Madre de Dios y otros.
El Gobierno, en el marco macro-económico, que lleva el número 21060, ha invitado al sector privado, tanto nacional como internacional (¡y ello no sólo en joint-venture!) a invertir, anunciando todavía más cambios legislativos favorables.
Autoridades de Riberalta esperan que en esta reunión se tocarán temas fundamentales, por ej. el de la descentralización, el de reglas claras en cuanto a la explotación (“los ríos libres de concesiones”) y otros más. El pueblo de Riberalta espera que los ríos sean libres para cualquier persona con deseo de invertir y trabajar y está pronto para defender esta posición.
Si el Gobierno no maneja el asunto con mucha visión, crecerá una economía informal, que irá por “el otro sendero”, al margen de la economía oficial, y el Tesoro General de la Nación poco o nada aprovechará de la riqueza nacional. ¿Por qué se produjeron sólo 561 kg – oficialmente – en el año 1985? Como ha dicho Hernando de Soto en su discurso en Santa Cruz: “La economía informal no existe porque lo queremos, sino porque el estado nos obliga a ella”.
Bolivia, el país y la región nor-este, tiene la gran suerte de poder aprovechar una vez más para su desarrollo la abundancia de sus recursos naturales, en una zona tranquila (mentira o, por lo menos, exageración, cuando leíamos hace poco, sobre la “guerra entre brasileños y bolivianos”, así nos informaron autoridades en Riberalta).
Ojalá que el “boom” del oro no cambie también los nobles valores de la población de Riberalta, donde se vive (todavía) en confianza. Un ejemplo: alquilando una moto, el dueño no pide fianza ni datos personales…
Existe una gran “chance” para saltar (no progresar) hacia delante: pero un buen estado, representado por órganos públicos idóneos, respetando los derechos de la CPE y haciendo obedecer leyes, ordenado que deje beneficios para Bolivia, y no sólo para una minoría.
En el caso del oro, la “industria informal”, involucra muchos riesgos.
A ver si en el futuro se puede decir: “vale un Riberalta”, como en siglos pasados se afirmaba: “vale un Potosí”.
4. País unitario descentralizado
El Nuevo Día, 17.04.1998
Mito No. 1 estipula que la descentralización va en contra de la unidad del país. Mito No. 2: La descentralización mediante el federalismo atenta contra la unidad nacional. Mito No. 3 hace creer que la descentralización viola la solidaridad entre los Bolivianos. Mito No. 4 pretende que la Ley de Descentralización Administrativa (LDA) ya representa una descentralización.
Hagamos una reflexiones sobre estos mitos.
1. Hay países que se distinguen por una marcada descentralización de su poder ejecutivo y que son toda la vida considerados como unitarios. Estos ejemplos se destacan en que sabían exitosamente repartir las funciones y atribuciones del Estado entre los tres niveles: el municipio, el departamento y el central, de una manera que responde a la exigencia que la sociedad civil debe participar al máximo posible en la determinación de la política. El grueso, ¿será un 60%?, de las funciones del Estado prevé en estos modelos el municipio. Aquellas funciones que este colectivo de ciudadanos no puede brindar, por tratarse de tares complejas, que afectan toda una región, compuesta por varios municipios, se atribuyen a este nivel regional. El saldo de funciones que no se resuelve a nivel regional, pues corresponde al país en conjunto, compuesto por las regiones, competen al poder ejecutivo central.
Debido a la autonomía de las tres instancias, cada nivel se dota de soluciones que encuentran el aval mayoritario de los ciudadanos involucrados directamente, lo que permite resolver problemas de manera óptima, respetando la diversidad que siempre existe entre poblaciones de diferentes municipios y / o regiones. El principio de hierro es el respecto por la autodeterminación, prohibiendo estrictamente la injerencia del nivel superior en la ejecución de funciones atribuidas. Este principio se llama “principio de la subsidiaridad”. En el Diálogo Nacional y en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, PGDES, D.S. 24.916, se reconoce implícitamente este principio. La Ley de Participación Popular (LPP) se basa en el mismo principio, pero peca en cuanto a que transfiere funciones sin asignar los suficientes recursos financieros para ejecutarlas.
Se pretende, con la descentralización, lograr más flexibilidad, más participación y así lograr más competitividad para responder a los desafíos de la globalización, que interpretamos como una competencia desencadenada entre todas las regiones y países del mundo. Respetando la distribución de competencias claramente definidas, evitando a lo mejor competencias concurrentes entre dos niveles, se puede, por supuesto, cooperar para conseguir fines comunes, ejecutando tareas de manera mancomunada.
2. De la misma manera que un municipio gobernado por su Gobierno Municipal autónomo no atenta contra la unidad nacional, tampoco lo hace una región gobernado por un Gobierno Departamental autónomo, siempre dentro del marco de las competencias claramente definidas. En varios países se conocen legislaciones que otorgan a las regiones el derecho de vetar políticas nacionales cuando lastiman la autonomía regional. En los asuntos de interés nacional, tales como la defensa de la soberanía nacional, política exterior, política monetaria, todo el país obedece a la legislación unitaria. El monopolio de la competencia legislativa se ejerce sólo con referencia a las competencias asignadas a los tres niveles, por lo tanto, los gobiernos municipales, en uso de su autonomía, deben ser facultados normar todos los asuntos de su competencia. La Constitución Política del Estado precisa ser ajustada a los nuevos paradigmas imperativos, que, por ejemplo, resultan de la globalización y estas adecuaciones deben producirse con celeridad, pues una característica de la competencia mundial es precisamente la velocidad de los cambios que no permite reaccionar con la lentitud habitual practicada en siglos y décadas pasadas.
3. Lo norma de la solidaridad entre todos los bolivianos se puede cumplir en un país unitario descentralizado mediante una distribución de los siempre escasos recursos financieros del Estado, a través de fondos compensatorios o la asignación de diferentes cantidades de dinero proveniente del TGN, mediante una coparticipación tributaria diferenciada.
En el Diálogo Nacional, Oscar Serrate presentó una fórmula llamada por él “3-2-1 1/4”, que propone triplicar la coparticipación tributaria para los 96 pequeños municipios (menos de 5.000 habitantes), duplicarla para los 158 medianos (5.000 a 20.000 habitantes) y aumentar un 25% para los 57 municipios grandes (más de 20.000 habitantes). Los efectos son interesantes: luchar contra la migración hacia las ciudades, mejorando la calidad de vida en las provincias, para sólo mencionar uno. Tratándose de una subvención, es absolutamente necesario que estos recursos sean invertidos para incentivar o reestructurar la producción para que con el tiempo dejen de depender de estas subvenciones. En la lógica del capitalismo salvaje, que se impone a través de la globalización, cada recurso mal gastado significa un debilitamiento muy perjudicial del país; la imposición de la lógica capitalista obligaría más bien fortalecer aún más regiones ya fuertes en desmedro de las regiones débiles.
4. La LDA nos ha aportado la desconcentración del Poder Ejecutivo, vale añadir: central, a nivel departamental. Haciendo se aprenda, reza un dicho, y las fallas de la LDA son ampliamente discutidas, generando una expectativa y esperanza que serán superadas mediante reformas a la Constitución. Mientras, y para no confundir a nadie, nos conviene habla de la “descentralización administrativa”, pues no lo es.
5. Percepciones muy personales de un importante taller con organismos internacionales en Tarija
La Gaceta del Norte, No. 22, 1era semana de enero de 1993
I. El mundo después de “Río ‘92”
La gigantesca conferencia mundial Río 92 remarca un hito en las políticas de las Naciones Unidas, máxima organización de la comunidad internacional. La “Agenda 21”, documento final de Río, será tomado como guía para la definición de políticas concretas de las NN.UU.
El embajador boliviano ante de las NN.UU., Dr. Oscar Serrate, subrayó la importancia de la “Agenda 21” en su discurso en el “Taller de Políticas Ambientales con Organismo Internacionales”, que se llevó a cabo en Tarija los días 10 y 11 de diciembre: “Río 92” no ha sido sólo un gran show, sino va a cobrar cada vez más importancia. En los gabinetes gubernamentales, los ministros del Medio Ambiente jugarán un papel clave.
Nos preguntamos escépticamente si los aportes financieros en volúmenes de miles de millones de dólares estarán disponibles para el Medio Ambiente, pensando en las crisis domésticas que enfrentan los países aportantes principales – pues sin plata no hay política ambiental.
II. Bolivia frente a esta situación.
Habiendo participado en los tres seminarios-talleres secuenciales, cuyo objetivo era la determinación de las Políticas Nacionales Ambientales, estamos en condiciones de hacer una cierta evaluación del proceso hasta la fecha.
Para empezar: ¡Queda todavía un largo camino para concientizar a la población de la imperativa tarea de proteger, conservar y preservar nuestro hábitat!
Una investigación del ILDIS ha demostrado que la población todavía no percibe la destrucción de su medio ambiente como un problema de gran envergadura, sino predomina en la percepción de la gran mayoría de la población la pobreza y sus manifestaciones (sueldos bajos, educación deficiente, servicios de salud e infraestructura insuficientes, etc.), y todos saben que la pobreza ejerce la peor presión y el impacto destructivo más fuerte sobre el medio ambiente.
El país se debate entre la lucha contra la pobreza generalizada y la incuestionable necesidad de vivir en armonía con el hábitat. La necesidad de concientizar a la población ha sido identificada: “Plan de Acción Ambiental de Bolivia”, PAAB, prevé: “… un programa de investigaciones y debate ambiental, pretendemos promover el conocimiento y la difusión de aspectos de la problemática ambiental, vinculados al desarrollo del país, particularmente en el campo económico. Para ellos promoveremos estudios, foros y conferencias en el mayor nivel de excelencia posible”.
La descentralización administrativa del Estado está contemplada y anticipada en la futura administración de la gestión ambiental con la conformación de “Concejos Departamentales de Medio Ambiente”, CODEMA) y “Secretarías de Medio Ambiente”, SEDEMA.
Una realidad impetuosa es la Evaluación del Impacto Ambiental, E.I.A., para los proyectos, sobre todo cuando precisan del financiamiento externo de fuentes internacionales.
Bolivia como país protagonista de un PAAB tiene en las NN.UU. una imagen muy positiva (según el embajador Oscar Serrate).
III. El PAAB
El Plan de Acción Ambiental para Bolivia se caracteriza por su afán de democratizar el proceso hacia la definición de políticas ambientales a través de involucrar las bases de la sociedad boliviana, que son el sector público y el sector civil, de las macro-regiones del país, y se preocupa por la socialización de la temática, motivo por el cual la “Gaceta del Norte” da una cobertura amplia al tema. Se trata, por lo tanto, de un proceso lerdo y penoso, pero muy noble, y en vista de que las consultas de los representantes sectoriales, regionales, públicos y civiles absorben mucho tiempo, es impresionante que el cronograma de trabajo del PAAB haya sido cumplido.
Hemos testimoniado varios factores que han permitido este logro: un eficiente trabajo en grupo (cuyos puntos de vista son a veces muy controversiales), bien moderado por un equipo especializado (Martín Rapp y sus colaboradores); un alto grado de profesionalidad en el equipo del PAAB, conformado por un grupo de profesionales jóvenes multidisciplinarios, aplicando métodos de trabajo que permiten aprovechar la sinergia; además, de una dirección nacional del Medio Ambiente, que sabe concertar y motivar, absteniéndose de verticalismo en el mando tan tradicional – y perjudicial.
“El avance del proceso democrático tiene sin duda que ver en este desarrollo de la gestión ambiental. Esta, junto a nuevos procesos como la descentralización administrativa y el ordenamiento territorial, replantean de manera dinámica y crítica los conceptos, políticas e instrumentos de épocas pasadas, para plantear de manera vigorosa y creativa alternativas de desarrollo”, consta el documento del PAAB, titulado “Políticas Generales para un Sistema Nacional de Gestión Ambiental”.
En cuatro documentos fueron comprimidos los “insumos” de tres talleres macro-regionales (Area 1: Pando, Beni, Santa Cruz; Area 2: Cochabamba, Chuquisaca, Tarija; Area 3: La Paz, Oruro, Potosí) y del taller nacional (realizado en Cochabamba) para elaborar una versión preliminar de las “Políticas Generales para un Sistema Nacional de Gestión Ambiental”. En Tarija fue trabajado en base a este “documento de trabajo”.
IV. El Taller de Tarija
Para nuestra región amazónica era un gesto alentador que este taller tenía que realizarse en Cobija, pero por eventuales problemas de transporte en esta estación del año, se optó por Tarija.
Como demuestra la lista de los 76 invitados, la representación de la Amazonia ha sido casi nula: un solo representante de Pando, ningún representante del Beni.
Democracia, participación y codeterminación en procesos democráticos son una oferta, y para ejercer derechos democráticos hay que sacrificar tiempo y dinero para aprovechar de esta oferta y hacer prevalecer en forma ponderada los intereses grupales-regionales. Las autoridades regionales de la Amazonia deben revisar sus prioridades y captar mejor las tendencias políticas actuales. En este sentido es deseable que el proceso de la descentralización administrativa no conlleve a un nuevo centralismo , ahora departamental, por no saber las provincias participar adecuadamente en los procesos: las provincias deben involucrarse en forma representativa en los COEMAS y SEDEMAS.
El Taller de Tarija remarca un cierto hito: después de haber consultado a 352 participantes en los cuatro anteriores seminarios de trabajo colectivo, el PAAB entrará en una segunda etapa, en la cual expertos multidisciplinarios buscan con racionalidad técnica la conretización de las políticas ambientales, en Tarija, compatibilizándolos con la comunidad internacional, sin perder de vista el objetivo de democratizar el proceso.
En Tarija han sido identificados los problemas, y también se conocen las soluciones para ellos en grande, por lo tanto, ha sido posible establecer un plan de trabajo con cronograma específico para garantizar el éxito del PAAB.
V. El rol de la comunidad internacional
Un periodista puede formular y expresar opiniones en forma mucho más categórica que un político-diplomático: lo que se precisa es una transferencia de importantes capitales y tecnología de los países industrializados que producen en mayor grado las contaminaciones mundiales, por ej., las emisiones de gases (80% CO2), poniendo en riesgo a todo el globo. Si los países pobres, en la gran mayoría situados en el cono sur del globo, actúan con grande responsabilidad ambiental, superior a aquella de los consumidores del norte, los pobres tienen el derecho de exigir ayuda de los ricos, pues su comportamiento en pro de la naturaleza significa una renuncia al aprovechamiento de recursos naturales, representando la explotación acelerada muchas veces la única opción de ganarse la vida. Un comportamiento responsable de los pobres, sin alternativas, significa por un lado renunciar a su desarrollo económico y mejorar su calidad de vida y, por otro lado, una contribución al bienestar de los ricos (ej.: no tocar los “pulmones del mundo” que purifican el aire del CO2, producido en el 80% por los ricos).
Felizmente, ha sido reconocido esta co-responsabilidad entre ricos y pobres en Rio 92 y, felizmente, en la política internacional, concretizando las afirmaciones, existe el compromiso de repartir la carga entre ambos.
“Del mismo modo, la problemática ambiental ha inaugurado un nuevo escenario dentro de las relaciones internacionales, que abre espacios y perspectivas inéditas para las relaciones entre los países. La compatibilización de la política ambiental con la política internacional boliviana aparece también como una necesidad dentro de este proceso.” (Fuente: “Políticas Generales para un Sistema Nacional de Gestión Ambiental”.)
¡qué los aportes financieros no sean migajas, pues debe mejorarse la calidad de vida de los pobres, y sin alternativa económica para ganarse la vida en conformidad con las exigencias ambientales, resulta imposible proteger el medio ambiente!
Tarija ha sido un encuentro más para compatibilizar y coordinar la ayuda de la comunidad internacional con el PAAB. Es seria y decidida la voluntad política boliviana de responder a la tarea común de la humanidad de cuidar el medio ambiente, ahora deben responder los ricos a su compromiso y viabilizar la realización de esta voluntad boliviana con el financiamiento necesario. El lema y la lógica es “doy a la medida en que das” (el “do ut des”, del latín); no se trata de “pedir” y, mucho menos, “mendigar”. Se trata de un “bargain”, de un “deal”, léase: de un negocio en que todos ganamos – o todos perdemos.
VI. Tarija, la ciudad hospitalaria
Los participantes hemos sido mimados por anfitriones que dominan el arte de hacer que los huéspedes se sintieran felices y bien acogidos.
El “programa social” a cargo de autoridades locales y departamentales ha sido un gran éxito, que merece un sincero “gracias”.
Aparte, es siempre una manifestación de sabiduría de anfitriones, cuando procuran que visitantes salgan sumamente contentos, pues así cuentan en adelante con embajadores ad honorem que propagan la imagen positiva de esta ciudad y región y, de esta manera, se trata de una inversión muy “rentable”.
Esta mentalidad puede servir como ejemplo para otros a quienes les falta esta generosidad que tiene efectos colaterales tan positivos.
fecha: 2003-06-01 00:26:52
autor: Willi Noack
