No veo una justificación para una nueva Constitución Política del Estado (CPE). Sí existen buenos argumentos para reformar parcialmente la CPE vigente. La CPE debe dotar a Bolivia de una magna ley que responda positivamente a los desafíos de la sociedad moderna en un mundo interdependiente. Si es necesario, las reformas deben inclusive matar vacas sagradas, eliminar lo anticuado; en fin, liberar la CPE vigente de herencias de la época altoperuana. Forzosamente, inciden factores externos en el trazado de esta visión factible de país moderno, factores que implican la aceptación proactiva de los compromisos firmados con la comunidad internacional mediante los cuales Bolivia renunció a una parte de su soberanía que, de facto, no tiene, al igual que otros países dependientes económicamente de la ayuda externa. Evaluar esta realidad duele; más audiencia tienen charlatanes populistas que emborrachan a ‘Juan Pueblo’ afirmando que, en nombre de la soberanía, se puede hacer lo que se nos antoje. Si éstos se impusiesen con proyectos ‘revolucionarios’ para cambiar el orden socioeconómico y político, violando los compromisos internacionales suscritos, Bolivia se autoperjudica con un ‘offside’ y pierde cualquier posibilidad de reducir su pobreza endémica.

La reforma de la CPE es urgente e importante. Como norma para los cambios necesarios conviene concentrarse en los síntomas que todos conocemos y deploramos. Muchos de éstos tienen sus causas de fondo en ciertas fallas de la CPE. La filosofía obsoleta de la CPE vigente es responsable de muchos de los graves problemas que padece el país.

Y la nueva filosofía de la CPE, ¿qué es eso? En vista de que la CPE es la manifestación del pacto social con sus normas y principios, debemos velar por que éstos sean respuestas a los desafíos no solamente de hoy sino del futuro, so pena de convertir a Bolivia en perdedor eterno.
Veamos a continuación una lista intencionalmente provocativa de temas que deben formar parte del debate sobre las reformas a la CPE. Por razones de espacio sólo menciono los titulares:
Condicionar ‘favores’ del Estado al cumplimiento de los deberes ciudadanos, en el espíritu de la minga. Presionar sanamente para obligar a cumplir con deberes; por ejemplo, condicionar la recepción de la coparticipación tributaria a la medida de recaudar impuestos municipales.
Aprovechar de las instancias del Estado para aportar produciendo; por ejemplo, las FFAA forman mano de obra porque disponen de infraestructura e instructores.

Debatir la autonomía administrativa de la universidad pública.

Obligar a un candidato elegido a cumplir con su promesa proselitista (como en la CPE de Colombia).

Obligar que la descentralización del Estado se rija bajo el principio de ‘subsidiaridad’.
Estipular la obligación de invertir un cierto porcentaje de la inversión pública en el desarrollo económico.

Responder a los desafíos implica fomentar las TIC y el inglés, es decir, una reforma educativa que recoja la visión de futuro.

Debatir la necesidad de incluir a grupos marginados, pero sin crear ciudadanos con diferentes derechos.
Insistir en el respeto por la carrera del empleado público y los candidatos calificados para cargos públicos, además del reconocimiento de la necesidad de un Estado fuerte, son otros elementos del contrato social que los expertos constitucionalistas verán cómo introducir en la CPE reformada.
Éstas y muchas propuestas similares han sido las ‘exigencias’ manifestadas en el Diálogo Nacional 2000; reformar para combatir las causas de fondo claramente identificadas.
Necesitamos una CPE reformada para que Bolivia sea un país competitivo. Una Bolivia socialista-comunista, con economía dirigida y ‘libertades’ como en Cuba, no es una opción.

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