¿Qué vale la constitucionalidad? – Willi Noack – 4.11.2005, actualizado el 7.11.2005

¿Qué vale la constitucionalidad?

Willi Noack

Lo que sucede en estos momentos es un “chantaje a la Constitución” (Winston Estremadoiro). Se practica lucha libre por el poder. La división de los tres poderes existe solo en teoría y se considera aparentemente como algo normal el hecho de (cita de TERRA / Es): “Al no haber sancionado el Congreso una nueva ley que hiciera una redistribución de escaños, tal y como fue ordenado por el fallo del Tribunal Constitucional del 22 de septiembre, correspondía al Poder Ejecutivo hacer cumplir dicho fallo, según aclara el decreto en su parte considerativa, informó Bolpress.”

Irónicamente dicho: ¡qué bien que las regiones se pongan de acuerdo sobre un procedimiento inconstitucional! Los que se oponían firmemente al parecer se rinden resignados ante la fuerza antidemocrática: Santa Cruz no presentará ninguna demanda de inconstitucionalidad aunque analizará el tema hoy (léase: jueves, 3.11.2005, WN) pues “La redistribución de escaños es aceptada por las regiones”. Cita: “El presidente de la brigada de Santa Cruz, Williams Paniagua, afirmó que los diputados cruceños se reunirán al mediodía de hoy con los dirigentes del Comité Cívico para analizar la norma que fue emitida por el Primer Mandatario. No obstante, adelantó que en un análisis previo se vio que el decreto se enmarca en la legalidad, las atribuciones del Presidente y también del Acuerdo de Costa Rica. Respecto al anuncio que anteriormente hicieran de presentar un recurso legal para demandar la inconstitucionalidad de la medida asumida por Rodríguez, Paniagua señaló que Santa Cruz no tiene el objetivo de “poner piedras en el camino”. En este sentido, descartó la posibilidad de presentar una demanda. “No creo que lo hagamos””.  (ver nota al final del artículo, del 6.11.2005)

Y por su verdad, los que buscan “soluciones salomónicas” –no importa si al margen de la constitucionalidad- cuentan con ilustres miembros en sus filas: “Ese Poder Ejecutivo está encabezado por un jurista, nada menos que el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, que por esto mismo, si tenía que pronunciarse, debía ser poniendo la paletilla en su lugar a los rebeldes sin causa y a los saboteadores de las reglas.” Marcelo Rivero, ED, 3.11.2005.

Lo que aparentemente era una lucha decidida por el principio de la constitucionalidad se reduce ahora, frente a tantos adversarios, a una pelea por ventajas, y se conformará quizás con el dicho “pájaro en mano…”: según el lema de algo (tres escaños) es algo… ¿Pragmatismo versus CONSTITUCIONALIDAD?

Reza un titular de La Razón (Bolivia), 3.11.2005, que Santa Cruz no logró convencer de que le tocaban cuatro escaños. Este titular y muchos similares insinúa que lo que la CPE en sus artículos 60 y 88 estipula, reconfirmado por el Tribunal Constitucional, no vale nada cuando una mayoría, por conveniencia propia, opta por la violación de este mandato. Es más. Correctamente debería decir el título: “Santa Cruz no logró convencer de que no se viole la CPE”.

Si el poder legislativo competente no cumple con sus deberes –como en muchas otras situaciones- se deben aplicar las sanciones previstas en la CPE –como se ha hecho obligando al Parlamento a designar jueces, tarea que no había cumplido durante años. Lo que no es una solución democrática es conceder al poder ejecutivo del Estado esta facultad, por más que se trate de construir una legalidad con argumentos rebuscados. Con óptica izquierdista, el tema es tratado en el artículo El tema de los escaños: De responsables a legalistas (BolPress).

Perdió la democracia. Pero al parecer casi todos están contentos por haberse impuesto un arreglo criollo – ¡qué importa si es una violación de la base de la democracia! No hay sensibilidad colectiva sobre la gravedad del asunto. Sería una tarea urgente para los sociólogos indagar en las causas de fondo de esta falta colectiva de sentimiento democrático.

El gigante económico pero enano político metió –así se lo percibe- la cola entre las piernas ante una falange de asaltantes al principio constitucional. Lo que es presentado como el pragmatismo ineludible de tomar en cuenta la coyuntura política nunca puede ser argumento suficiente para desobedecer nuevamente a la CPE. Por supuesto que Santa Cruz protesta….

La mayoría de las noticias y de los comentarios no da la importancia que se merece el acatamiento del principio a sabiendas de que El Parlamento es un entrevero de intereses personales y de grupo (EL DEBER, 3.11.2005). ““Hay parlamentarios muy dignos, pero hay una serie de opiniones y sentimientos que han comenzado a cuestionarse sobre el acortamiento de mandato. Es un compromiso que debemos cumplir. También hay posiciones personales, de grupos y de partidos políticos”, dijo (Norah Soruco).”

Insisto con obstinación en el principio, a pesar de que la aplastante mayoría no siente ningún escrúpulo en sobreponer intereses individuales, grupales o regionales, o de candidatos en campaña, o de “movimientos sociales” a la base fundamental de la democracia, todavía joven en Bolivia. Esto crea dudas. ¿Será que el alegato incondicional en defensa de la constitucionalidad no muestra que el defensor no conoce la realidad boliviana que funciona de manera diferente a democracias en el mundo desarrollado? ¿Finalmente no tendrán razón los que mayoritariamente pretenden convencer hábilmente al pueblo que sus argumentos tienen más peso que la CPE? Llego a la conclusión de que el respeto incondicional por la magna carta en el caso de las democracias consolidadas frente a la desobediencia en las estructuras de fachada democrática representa una de las diferencias significativas en cuanto a la madurez de las dos sociedades. De allí surge un sinnúmero de consecuencias que tienen como denominador común la falta de seguridad jurídica y la corrupción, ambos meollos del subdesarrollo. Sin duda lo que festejan los violadores de la CPE es una derrota deplorable. Violar la CPE es un acto de corrupción, y consentir con ello sostiene la tesis de la corrupción colectiva como una subcultura ampliamente proliferada.

Si la defensa de la constitucionalidad resulta en la denuncia de ser un Don Quijote romántico y desconocedor de la realidad boliviana eso no puede ni debe hacer cambiar la convicción y el compromiso para con el orden verdaderamente democrático y es el respeto total por la CPE.Romántico, soñador, utopista, idealista son distinciones honorables en el contexto de la defensa de la CPE, pues, pese a conoce por supuesto la realidad perversa, no se pierde la fe y confianza de que –algún día- se puedan cambiar mentalidades adversas a la democracia. La CPE no se negocia “dialogando” – ¡se cumple! ¡Punto! “Pero, como se ha comprobado infinidad de veces, en Bolivia no es nomás obedecer la ley, el rato que ésta afecta a tipos influyentes o a regiones obcecadas se la ignora, se la pisotea y se la burla.” (Marcelo Rivero en el editorial arriba citado de EL DEBER del 3.11.2005.)

Algunos defensores de la constitucionalidad se manifiestan como en esta cita representativa del constitucionalista José A. De Chazal calificando la “solución” como “un decreto político”. Cita: “Se trata de un decreto que tiene un componente político, pero que no es constitucional. El componente político pretende tomar una medida frente a la incapacidad del Legislativo de reponer el artículo 88 del Código Electoral. Sin embargo, se sigue violentando la Constitución con el argumento de que se persigue un bien mayor, que es la democracia, pero se está sentando varios precedentes negativos desde el punto de visto jurídico, porque se negocian, se acomoda la Constitución y da prioridad a lo político antes que a lo constitucional. Está fallando la norma que no es cumplida por quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. Si el Presidente de la República y los ministros no consiguen que el decreto sea elevado a rango de ley, pueden verse sometidos a un juicio de responsabilidades. Sin embargo, creo que habrá una acción concertada entre el Ejecutivo y el Legislativo para convertir en ley el decreto supremo. Se ha citado una serie de disposiciones constitucionales como el pacto de San José de Costa Rica, pero ninguna de esas argumentaciones puede justificar que el Poder Ejecutivo se apropie de una facultad del Legislativo. El Congreso tiene la obligación de legislar, pero no tuvo la capacidad de hacerlo.”

La opinión de Carlos Cordero : “Fue un grave error del Presidente”.

“Una consigna nacional nos negó los cuatro escaños” declaró William Paniagua. La decisión del Presidente le dejó un sabor amargo porque no se respetó la Constitución en la redistribución de los diputados. Hoy se reunirá con la bancada para definir una posición institucional, aunque personalmente cree que Santa Cruz no debería apoyar el decreto de Rodríguez. Ojalá sigan en la lucha por una Bolivia constitucional, pidiendo al TC de declarar la inconstitucionalidad (lo que fue descartado, WN, 4.11.2005)

Pero este recurso – pidiendo al TC de declarar la inconstitucionalidad – representa, en la opinión del analista político Benjamín Miguel, un riesgo.“Al declararse la inconstitucionalidad del artículo 88 del Código Electoral, y al dejarlo sin efecto hay un vacío legal sobre los escaños que corresponden a cada departamento en la Cámara de Diputados. Por la urgencia del momento y antes de que haya mayores problemas en el país, el Presidente de la República dicta un decreto que designa escaños a unos departamentos y resta a otros. La ley del Tribunal Constitucional dicta lo siguiente: mientras no se declare la inconstitucionalidad o mientras no haya demanda o el Tribunal Constitucional no dicte una sentencia, esa norma tiene validez. Pero tampoco se pueda decir que en dos meses alguien puede declarar la inconstitucionalidad de la norma porque el trámite dura mucho tiempo. Pero Rodríguez ha dado tantos argumentos en el decreto que, realmente trata de justificar la necesidad de urgencia de la norma para evitar más violencia en el país. Sin embargo, hay que dejar claro que cualquier parlamentario puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Se trata de un riesgo? ¡Sería más bien un intento de rescatar la constitucionalidad!

De manera contundente y tajante se manifiesta Marcelo Rivero en su comentario “Una vergüenza boliviana: negociar la ley”. Trascripción: “Dos semanas o algo más le tiraron los poderes Ejecutivo y Legislativo y los organismos cívicos departamentales discutiendo la redistribución de escaños en la Cámara Baja a raíz de la exigencia de Santa Cruz de contar con cuatro diputados más con relación al número que tiene en el presente período, o sea, de 22 a 26, tomando en cuenta el censo de 2001. Era un asunto de fácil solución que en su momento debió ventilar la Corte Nacional Electoral anunciando cómo sería esa redistribución conforme a la población de cada distrito y procediendo con fiel acatamiento a lo que mandan la Constitución y el Código Electoral.

Pero, como se ha comprobado infinidad de veces, en Bolivia no es nomás obedecer la ley, el rato que ésta afecta a tipos influyentes o a regiones obcecadas se la ignora, se la pisotea y se la burla. Ni el veredicto de una máxima institución como es el Tribunal Constitucional es aceptado, que fue lo que aconteció con respecto al tema en cuestión, por eso las elecciones generales se pospusieron y están en veremos.

Es que en la negociación de lo innegociable (la ley), entró en cancha el Poder Ejecutivo, que acaba de fallar a través de un decreto: le concede tres diputados más a Santa Cruz y uno a Cochabamba, a costa de La Paz (2), de Potosí (1) y de Oruro (1), con lo que se sigue desacatando la norma según la cual son cuatro parlamentarios más para Santa Cruz y dos para Cochabamba, debiendo perder Potosí tres ‘honorables’, La Paz dos y Oruro uno.

Ese Poder Ejecutivo está encabezado por un jurista, nada menos que el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, que por esto mismo, si tenía que pronunciarse, debía ser poniendo la paletilla en su lugar a los rebeldes sin causa y a los saboteadores de las reglas. Pero claro, si el señor Rodríguez gobierna Bolivia como resultado de otra ilegalidad para que no suba un cruceño (“el infame corralito de Sucre”, dijo alguien con acierto), era de esperar el atropello de aquel decreto. Un decreto transaccional que quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero, lo repito una y mil veces, contrario a la norma.

Quizá al momento de aparecer este comentario se conozca la reacción de los organismos cívicos y de los parlamentarios que han tomado la batuta en reemplazo de la Corte Nacional Electoral, la legítima encargada de hacer cumplir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Mientras tal cosa acontece, potosinos, paceños, orureños y quien quiera que sea, si no desean seguir perdiendo diputados -y más bien recuperar los que están en vías de extraviar-, tienen que buscar la fórmula para que sus conciudadanos no emigren. Seguro que la encontrarán, posiblemente aumente el número de congresistas y los cruceños estaremos contentos de que así sea.” (NOTA: algunas citas se las repite con intención. WN)

¿Cuánto vale la constitucionalidad? Aparentemente (todavía) muy poco o nada.

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Una versión corta será publicado en EL DEBER, en la edición del 6.11.2005.

Nota del 6.11.2005

La Asamblea Pre-autonómica rechaza Decreto de Rodríguez

La Asamblea Pre-autonómica analizó la situación de los 3 escaños que sumó Santa Cruz para las elecciones generales del 18 de diciembre, determinando que por el delicado paso que atraviesa el país, la sesión extraordinaria fijó una posición de mantener la postura de defender los 4 escaños que le corresponde al pueblo cruceño, pero que por las circunstancias de una posible guerra civil, Santa Cruz no va a poner trabas la viabilización de las elecciones de diciembre.
“Ustedes saben que ha Santa Cruz le ha costado muchísimo, poder hacer entender a Bolivia que el país se debe administrar de otra manera y uno de esos temas, era la elección directa y transparente de los prefectos. Por eso ésta elección debe realizarse porque es histórica, porque es uno de los pilares esenciales de nuestro avance e irreversible hacia las autonomías”, dijo Jesús Marco, presidente de la Asamblea Pre-autonómica.

El también consejero departamental, señaló que la ciudadanía no debe interpretar como una derrota ésta situación, sino que lo interpreten como una concesión y aporte de los cruceños para viabilizar las urnas electorales.

La Resolución de la Asamblea Provisional Autonómica dice: 1.- Ratificamos nuestros principios y convicciones de pleno cumplimiento a los preceptos constitucionales y a leyes vigentes de la República. 2.-Reiteramos una vez más y con hechos, los mismos que están registrados contundente en la historia, que todas las luchas realizadas por el departamento de Santa Cruz, siempre estuvieron y lo estarán, sustentados en una clara e irrefutable visión nacional. 3.- Rechazamos el Decreto Supremo emitido por el Presidente de la República que asigna sólo tres nuevos escaños para Santa Cruz, porque viola nuevamente la Constitución Política del Estado. 4.- Declaramos que las próximas elecciones nacionales, se sustentan en una conjura contra los legítimos derechos de representación democrática y constitucional de Santa Cruz. 5.- Advertimos bajo riesgo de tomar las acciones más extremas, que la conformación de la Asamblea Constituyente tiene que sujetarse a la estricta distribución poblacional, en la que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas valga un voto por sobre el lugar de nacimiento y residencia.

fuente:http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=06/11/2005&Tipo=Politica&Cod=3199

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Actualización en fecha 7.11.2005

DESACUERDOS | La sesión de la Cámara Baja programada para hoy se suspendió para el martes en pos de que las brigadas parlamentarias hallen consensos

Escaños: Congreso suspende sesión

Peligra decreto de los escaños

Siguen las divergencias y el Gobierno teme otra afrenta contra los comicios

La Paz | La Prensa .- Los escaños siguen dando de qué hablar. La sesión de la Cámara Baja convocada para hoy por su presidenta, Norah Soruco (MIR), y su decano y presidente interino, Miguel Antoraz (MNR), se suspendió para mañana en pos de que las brigadas parlamentarias hallen consensos internos mientras la directiva camaral defina si se agenda o no el debate de la aprobación a rango de ley del decreto supremo 28429, mediante el cual se reasigna escaños parlamentarios y se fija nueva fecha para los comicios (18 de diciembre).

Por otra parte -dice la agencia ANF-, en la Cámara Alta el panorama es distinto. El tercer secretario de esta instancia legislativa, Gonzalo Chirveches (NFR), comunicó que no habrá mayores problemas en sancionar la determinación que emane de Diputados, donde ya se presentó un proyecto legal para dar vía libre al decreto; pero, el tema no avanza porque algunos diputados regionales o siguen divididos o rechazan esta norma o incluso alertan con demandarla de inconstitucional.

Pugnas tradicionales

A pesar que notificó la anterior semana con mantenerse replegada en Santa Cruz, la Brigada Parlamentaria de ese departamento decidió asistir a la convocatoria de la Cámara de Diputados sólo por razones de quórum, ya que no votará por la aprobación del decreto, aseveró su representante Williams Paniagua, porque no se renuncia a la postura de que la capital cruceña merecía cuatro nuevos curules (y no así tres); no obstante, se apuesta por las elecciones generales de diciembre.

Al respecto, el asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, confirmó -al igual que Paniagua- que la Brigada mencionada no adoptará ninguna medida para obstaculizar los comicios -por ejemplo demandas de inconstitucionalidad- e interpretó la reciente decisión de los diputados cruceños como una “apertura” para no entorpecer este proceso. El radicalismo, empero, sigue vigente en Potosí.

El diputado Marco Antonio Villa (UCS) dijo que sus homólogos regionales no asistirán a La Paz “por la intransigencia cruceña” (sin embargo, Santa Cruz ya confirmó su asistencia al Congreso) y amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad porque la Corte Nacional Electoral (CNE) no reabrirá el registro electoral para quienes cumplan 18 años antes del 18 de diciembre.

Esta postura fue apoyada por el candidato a la Prefectura de La Paz, Adolfo Soliz (MIR), pero criticada por el Comité Cívico potosino. En consonancia, Emma Quiroga, presidenta de la Brigada Parlamentaria de Potosí, sostuvo que la participación de los representantes potosinos está garantizada en la cita de la Cámara Baja; sin embargo, éstos votarán en contra del decreto 28429 ya que aún no aceptan la disminución de los curules. Quiroga también apoyó la posible objeción de Villa porque no puede admitirse que la CNE “obvie el reglamento y las normas del Código Electoral”.

El Gobierno está preocupado

El delegado presidencial para Asuntos Políticos Jorge Lazarte no ocultó su preocupación acerca de las amenazas de Villa y los 13 parlamentarios de La Paz. “Habría que preguntar a esos diputados si es congruente lo que dicen con lo que hacen. Dicen que quieren elecciones para diciembre y lo que hacen es alertar con demandas de inconstitucionalidad sabiendo que ello puede inviabilizar y entorpecer todo el proceso electoral. No es una demanda social sino de pequeños grupos”, fustigó.

Lazarte aseveró que el decreto 28429 tiene fuerza jurídica propia; sin embargo, sería mejor que sea elevado a rango de ley para dotarle de “mayor blindaje” ante cualquiera de estas reacciones “incongruentes” que no siguen los intereses del país sino otros, que no se declaran. Asimismo, aclaró que es la CNE la que debe definir si se puede o no reabrir el padrón electoral. “Pero el derecho en ningún caso obliga a lo que es imposible”, sentenció.

LA PAZ

Inconstitucional

Trece diputados paceños, a pesar de aclarar que no están en contra de las elecciones, ya preparan sus armas para recurrir al Tribunal Constitucional, debido a su desacuerdo con la pérdida de dos escaños de La Paz. Entre ellos se ubican Germán Choque (MIP), Ismael Manriquez (MIR), Silvia Cortés (NFR), Orlando Quispe (MAS), Esteban Silvestre (MAS), Silvia Benítez (MIR) y Juan Gabriel Baptista (MIP).

“Respaldaremos el decreto. Los que manejen lo contrario ya tienen otros intereses, no regionales sino de transnacionales y políticos del MNR. Ya vimos que la decisión del presidente Eduardo Rodríguez cayó bien de manera general, es cierto que hay el riesgo de que sea inconstitucional pero no podemos agarrarnos de este elemento para perjudicar los comicios”, objetó el diputado paceño Gonzalo Avendaño.

Néstor Bravo, presidente de la Brigada cochabambina, criticó las anteriores amenazas.

¿Qué pasa en Oruro?

El jefe de su Brigada, Edmundo Barrientos (NFR), informó que se evaluará los pedidos de instituciones orureñas y de occidente para definir una línea de acción. Aclaró que en los encuentros se mediará hacer “viables las elecciones”. “Iremos a la cita del martes. Si Santa Cruz se presenta sólo para lograr quórum y luego se retira, está en su derecho. No vamos a tomar ninguna determinación de esta naturaleza, a no ser que haya un mandato de las Brigadas de occidente”, declaró Barrientos.

POTOSÍ

Critican a cruceños

Intromisión extranjera y defensa de los intereses transnacionales. Ese es el lenguaje que utiliza el diputado uninominal Gonzalo Barrientos al referirse a la actitud que asumieron los parlamentarios y cívicos de Santa Cruz en torno a las elecciones, la redistribución de escaños e incluso el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. “Lamentablemente hay intereses que vienen desde diferentes élites y logias desde Santa Cruz, a lo cual se prestan algunos dirigentes cívicos y algunos parlamentarios que lo único que están buscando es tener un mayor espacio político para prestarse a intereses transnacionales, intereses que nada tienen que ver con nuestro país”, dijo

OPINIONES SOBRE EL DECRETO SUPREMO 28429

CONGRESO

Norah Soruco

La presidenta de la Cámara de Diputados, Norah Soruco, convocó a reanudar las sesiones este lunes para debatir la aprobación a rango de ley del decreto supremo 28429, mediante el cual se reasigna nuevos escaños parlamentarios y se fija una nueva fecha para los comicios.

“El decreto fija para el 18 de diciembre la fecha de los comicios generales y la elección para la selección de prefectos y ejecuta una nueva distribución de escaños en la Cámara Baja”, que de debe ser tratado, explicó.

ES CONSTITUCIONAL

Luis Ossio Sanjinés

El ex vicepresidente, Luis Ossio Sanjinés (1989-1993) manifestó que con o sin aprobación congresal, el decreto supremo 28429 gozará de presunción de constitucionalidad porque fue promulgada ante la ausencia de una decisión constitucional precisamente del Congreso Nacional.

“El Presidente ha emitido un decreto que ciertamente responde al momento porque se basa en principios doctrinales. El primero se llama la ausencia de decisión constitucionalidad y el segundo de presunción de constitucionalidad”, señaló Ossio.

EXHORTACIÓN

Julio Terrazas

La Iglesia Católica demandó ayer a los candidatos y dirigentes políticos no subestimar al pueblo con “discursos distractivos llenos de odio, veneno y promesas que jamás se van a cumplir”, y por el contrario actúen con sabiduría para encontrar respuestas de cambio que aguarda el país, en las elecciones del 18 de diciembre próximo.

El mensaje corresponde al Cardenal Julio Terrazas, quien en su homilía de ayer, hizo también un llamado a la población a estar despiertos y vigilantes.

fuente: http://www.lostiempos.com/noticias/07-11-05/07_11_05_nac16.php

fecha: 2005-12-16 16:32:16
autor: Willi Noack