La angurria del presidente de Bolivia, Juan Evo Morales, y su entorno palaciego por el poder ha sobrepasado todo límite y entró en una fase, al parecer, sin retorno. La decisión asumida recientemente por el MAS en el Poder Legislativo pareciera haber cerrado toda posibilidad de concertación sobre la grave crisis que afronta nuestra patria. Los repetidos ‘diálogos abiertos’ nunca fueron propuestas de buena fe, apenas un paréntesis para querer dar la impresión a la opinión pública de que había buenas intenciones. Por tanto, el presidente Morales ha traicionado el clamor y la esperanza de millones de ciudadanos, que esperaban soluciones para construir un país mejor.
La manipulación y la ruptura unilateral de los procesos de diálogo y concertación, y los sucesivos atropellos a la Constitución y a la institucionalidad democrática han sobrepasado todo límite. El cerco armado al Congreso, la violación de los derechos humanos y el sometimiento del Poder Legislativo a los intereses masistas constituyeron un ‘golpe de Estado a la democracia’, que puede marcar el inicio de un régimen con ribete dictatorial, pues la violencia y el engaño del poder oficial han significado la pérdida de la legitimidad jurídica y moral de las autoridades nacionales.
En este peligroso camino ya definido por el Gobierno, habría que alertar a la opinión pública sobre el inminente riesgo y peligro que corre la institucionalidad electoral legal y democráticamente constituida, y que, hoy por hoy, es la última garantía de respeto a la voluntad soberana.
El golpe artero a la democracia ha llevado a Bolivia a una encrucijada histórica: dictadura o libertad, centralismo en un país atrasado que sólo busca ‘masticar’ odios y ejecutar linchamientos o autonomía, si aspiramos a una Bolivia unida y progresista, con justicia e inclusión, solidaridad y respeto, basada en el diálogo y no en la fuerza de las minorías radicales.
Bajo este marco, los pueblos y sus ciudadanos tienen el derecho no sólo de rechazar y resistir la ilegalidad de las disposiciones dictadas por el presidente Morales, por violar los principios esenciales del ordenamiento jurídico y el Estado de derecho, sino también de actuar en el marco de la resistencia democrática y la lucha no violenta para preservar el sistema democrático y la soberanía nacional, desoyendo a los fariseos y mercenarios que continúan pretendiendo mentir y engañar al país.
Por otro lado, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, no hay otro camino sin retorno que proseguir el proceso del referéndum departamental para la implantación de los estatutos autonómicos en cada departamento. Al mismo tiempo, habrá que defender la independencia de los organismos electorales y rechazar cualquier tipo de intervención e injerencia sobre éstos por parte del oficialismo.
Finalmente, habrá que respaldar con firmeza a todos los departamentos que demanden el ejercicio de su derecho a decidir soberanamente su destino a través de un referéndum autonómico departamental.
La bandera de la autonomía no sólo se constituye en una herramienta para elaborar políticas públicas departamentales o municipales que hagan más eficiente y eficaz la gestión, sino que hoy más que nunca representa también la mejor coraza para preservar la democracia y la libertad de todos los bolivianos.
* Médico y ex dirigente cívico
