Atención permanente, no dádivas, precisa Santa Cruz
Atención permanente, no dádivas, precisa Santa Cruz
Autor: Alfonso Moreno Gil
Publicado: Santa Cruz, 26 de septiembre de 1999
Cuando ya pasó la conmemoración cívica 24 de septiembre nos parece propicio preguntarnos sí, en cada efemérides, debe recibir nuestro pueblo un “regalo” del Gobierno nacional, traducido en alguna disposición esperada o la entrega de un primer desembolso de dinero para el despegue de tal o cual proyecto en ciernes.
Lo cierto es que antes era costumbre entregar ese tipo de presentes a los departamentos, pero en la actualidad ya se advierte un cambio de actitud. De nuestra parte creemos que en lugar de obsequios circunstanciales, lo mejor para Santa Cruz y cualquier otro departamento del país, es que haya de modo permanente el cabal cumplimiento de las responsabilidades que competen a los poderes públicos con respecto a nuestros requerimientos.
Por ejemplo, cuán significativo es que oportuna y de modo sostenido sean atendidas las necesidades primarias de nuestra región, que se proteja a la industria y todas las actividades productivas sin que sea preciso ejercer presiones en tiempo de crisis; que se avance en la lucha contra el contrabando y la corrupción; además, que se apoye a los pueblos en sus aspiraciones y tener caminos accesibles, electrificación con energía barata, telecomunicación, más el potenciamiento de los servicios de educación, salud y otros igualmente esenciales para aspirar a un desarrollo humano básico.
En lo expuesto está comprendido tanto el ejercicio de atribuciones específicas como la aplicación de políticas adecuadas por parte de los distintos niveles de la administración del Estado, correspondiente a las autoridades de carácter nacional, departamental y municipal.
El INE estima que nuestro departamento tiene hoy 1.757.410 habitantes y, según datos del último censo nacional, tenía 1.364.389 en 1992, lo que representa un importante crecimiento demográfico, que obviamente está aparejado al aumento de las demandas de servicios; por lo cual deben ser reajustados los recursos por concepto de coparticipación impositiva, como lo determina la Ley 1551, la Participación Popular. De manera que, si se da una respuesta a exigencias colectivas, no es excusa válida deslindar responsabilidades señalando que, en virtud de esa norma, los municipios cuentan con mayores recursos para cumplir tareas que antes eran de competencia del Poder Ejecutivo.
El siguiente censo nacional de población y vivienda debe realizarse indefectiblemente el año 2000, conforme a lo establecido por Ley y luego, de acuerdo a sus resultados, habrá de procederse a la redistribución de los recursos por coparticipación tributaria, para satisfacer precisamente las necesidades sociales que, por cierto, están en constante aumento en nuestro departamento.
En suma, en vez de obsequios ocasionales a la región, preferimos que, hoy y siempre, ella sea atendida como merece.
