La quema de nuestros bosques
La quema de nuestros bosques
Autor: Alfonso Moreno Gil
Publicado: Santa Cruz, 23 de octubre de 1999
No bastó que sucediera la trágica experiencia del incendio ocurrido en Guarayos. En los días de septiembre continuó en Santa Cruz la descontrolada quema de pastos y áreas de chaqueo, con su secuela de daños al ambiente, a la flora y fauna, y al ser humano. La humareda, que en mayor o menor grado ha estado afectando a las poblaciones, cruceñas, impide que vivamos “bajo el cielo más puro de América”, durante determinadas épocas del año.
Es lamentable que sigan estas prácticas irresponsables que ocasionan contaminación ambienta, causan perjuicios a la salud e incluso pueden generar incendios de vastas proporciones, por la fuerza del viento. Según una información periodística, que cita como fuente a un representante del proyecto Bolfor, los incendios forestales de pasados días arrasaron alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques, pastizales y campos de cultivo.
Hemos escuchado comentar que los lugareños no estarían vinculados con esos hechos, sino inmigrantes oriundos de otras regiones de nuestro país, establecidos como agricultores en las zonas de producción y que aún no han adquirido aquellos conocimientos tradicionales que contribuyen a evitar riesgos en la ejecución de las faenas rurales. De todas maneras, habría que investigar al respecto para establecer exactamente la verdad.
Sin embargo, es preciso promover una campaña de divulgación ambiental para que comunitariamente reflexionemos sobre la importancia de propender al acceso de todos los habitantes a una vida más saludable, respetando y protegiendo la biodiversidad, porque -debemos reconocerlo- no existe entre nosotros una sólida conciencia ecologista, pese a que los atentados contra la naturaleza son diversos y reiterativos.
Además de esa campaña, que tiene que ser permanente, debería pensarse en otra muy especial y directa, para quienes viven y trabajan en el agro.
La Ley del Medio Ambiente señala los deberes que corresponden al Ministerio de Educación, las universidades y el sistema educativo en su conjunto, principalmente con respecto a la incorporación de esa temática en los programas de estudio de acuerdo a la diversidad cultural y en virtud de las necesidades del país. Por otra parte, dicha norma asigna a los medios de comunicación el papel de fomentar y facilitar acciones para la educación e información sobre el medio ambiente y su conservación.
Ojalá pudiésemos avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta que preservar el medio ambiente concierne a todos, no sólo a las autoridades competentes. Por cierto, ello representa un requisito primordial para viabilizar el desarrollo integral sustentable que anhelamos.
