La función pública

La función pública

Autor: Alfonso Moreno Gil

Publicado: Santa Cruz, 24 de octubre de 1999

Creemos que la contratación de ciudadanos para desempeñar funciones públicas debe estar enmarcada en dos aspectos fundamentales: por un lado, que las entidades necesiten realmente esos servicios personales para alcanzar sus objetivos y, por otro, que en la provisión de cada cargo se tenga en cuenta el cumplimento de requisitos, adecuadamente establecidos, como también garantizar la debida imparcialidad en la selección del funcionario.

Sin embargo, poco de esto se aplica en las instituciones públicas del país. Se ha hecho costumbre convertir a las dependencias estatales en agencias políticas de empleo. Se utiliza el poder para crear cargos innecesarios y llenar de militantes las oficinas públicas, sin que se califique -en muchos casos- la capacidad de los contratados.

Recordemos que necesariamente se debe poseer idoneidad para el acertado desempeño de la función pública, en virtud de un principio básico de administración.

Sin que tampoco importe de dónde proviene el dinero para el pago de salarios, se comprometen grandes cantidades de recursos económicos en ese rubro, limitando con ello la asignación de fondos para obras y servicios, en desmedro de los planes de desarrollo y los requerimientos de la población.

Hay quienes exigen que los funcionarios se inscriban en sus partidos, y no contentos con esto los obligan a efectuar contribuciones bajo la amenaza de que si no lo hacen deberán dejar sus pegas, para poner en su lugar a militantes obsecuentes.

Los aportes a los partidos políticos tienen carácter legítimo cuando se realizan voluntariamente. No es nada malo aportar económicamente o con trabajo a los partidos políticos. Es más, todos aquellos que creen en una determinada ideología deberán hacerlo, por propia voluntad; pero nunca por presión u obligatoriedad.

Con esas formas irregulares de actuar se fomenta la servidumbre partidista, en contraposición a un primordial precepto de la Constitución Política del Estado, el cual señala que los empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno.

Ojalá que el Estatuto del Funcionamiento Público, que regirá como Ley de la República, se la respuesta que espera la ciudadanía para la superación de los problemas comentados, bajo la premisa de que haya constantemente un correcto, eficaz y transparente accionar administrativo en todas las reparticiones estatales.