Inseguridad Laboral

Inseguridad Laboral

Autor: Alfonso Moreno Gil

Publicado: Santa Cruz, 30 de mayo de 1999

El artículo 43 de la Constitución Política del Estado expresa: “Una ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario Público sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno”. A su vez, el art. 44 dice: “El Estatuto del funcionario Público establecerá los derechos y deberes de los funcionarios y empleados de la Administración contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función pública”.

Desde hace varios años se espera el cumplimiento de ese mandato constitucional considerando la necesidad de que rija en el país un Estatuto del Funcionario Público, que dé seguridad laboral a los empleados del Estado e incentive la eficiencia. No obstante, siempre ha habido en esto una cierta desidia de parte de los partidos políticos. No importa cuáles. Si están en función de gobierno o en oposición, lo mismo da, no actúan. Claro, no les interesa poner orden en el país. Piensan en sus beneficios inmediatos, en cumplir con las pegas políticas sin importarles las consecuencias desastrosas a las que someten al país.

Esta situación ocasiona diversos problemas, como los siguientes: a) Alto grado de corrupción. Porque hay muchos empleados públicos que, al no tener seguridad en el trabajo, al vivir en la incertidumbre de ser retirados en cualquier momento por el capricho de algún político o al saber que los botarán si su partido pierde las elecciones, se desvían y cometen irregularidades. Todo les sirve. No interesa la honestidad. Saben que eso no cuenta. Los juzgan por su afiliación política. B) Mínimo interés en la capacitación. Poco importa la preparación, la formación y el estudio. Más importante que ir a la Universidad o a un instituto, es pasear la ciudad de arriba abajo con una bandera del partido. Es indispensable que los vea el jefe porque así ganan créditos c) Prostitución política. Obligan al empleado a inscribirse al partido bajo la amenaza de despido. No interesa la eficiencia ni la dedicación al trabajo. O se inscribe o se va d) Aporte obligatorio. ¿Quiere trabajar? Entonces, contribuya con un porcentaje de su sueldo para el partido. Descuentan por planilla el aporte al partido. No hay otra opción que aceptar. Si no, a la calle. e) Se pierde la memoria institucional. Es obvio que en la actividad de las entidades públicas tienen gran valor ciertos aspectos esenciales, como capacitar funcionarios, el conocimiento que éstos adquieren en el desempeño de sus responsabilidades, los años de experiencia. Pero no importa que todo eso se pierda cuando los botan. Total nada cuesta aprender nuevamente. f) Pago de beneficios sociales. En cada cambio de gobierno, sea nacional o municipal, se retira a un gran número de empleados, sólo por pertenecer a otro partido. ¿Se tiene conciencia de la cantidad de recursos que se necesitan cada vez para indemnizar a los que se retiran? Qué importa. Total, el dinero es del Estado.

Todo esto y mucho más contribuye al caos en que se desenvuelven muchas, por no decir todas las instituciones públicas del país. ¿Quién o quiénes son los culpables de este desastre? Eso sí, vamos a convenir que muchos ciudadanos son obligados por la necesidad a aceptar el trabajo en las condiciones indicadas. Sin embargo, no se puede continuar aceptando situaciones como las expuestas. Es necesario, de una buena vez, que el Congreso Nacional dé real importancia a este asunto.

Reconocemos que no todos los cargos pueden ser llenados mediante los concursos de méritos, y pedimos se respete a aquellos funcionarios honestos, eficientes. El continuar como estamos contribuye a la corrupción y, lo que es más doloroso, hace que el funcionario pierda el interés por la institución, y el amor por la Patria.

Podemos aceptar que cada institución pública defina cargos de confianza, los cargos de carácter político, pero también que claramente determine cuáles son las funciones que deben ser respetadas de acuerdo a una reglamentación que reconozca y consolide la carrera administrativa en todos los ámbitos del sector estatal.