Democracia y sociedad civil
Democracia y sociedad civil
Autor: Alfonso Moreno Gil
Publicado: Santa Cruz, 9 de enero de 2000
Sin duda, a medida que pasa el tiempo los ciudadanos adquirimos mayor conciencia de las ventajas que nos otorga el ejercicio de la democracia. Cada vez que participamos en un acto electoral, ya sea nacional o municipal, ganamos más experiencia y acrecentamos nuestras propias convicciones. Por cierto, es satisfactorio que nuestra opinión, expresada a través del voto, tenga absoluta validez y que no haya poder político ni económico que lo pueda torcer. No obstante, en lo personal no me siento completamente conforme con lo que tenemos. Aunque lo actual es mucho mejor de lo que teníamos hace veinte años, considero que podemos avanzar más en el ejercicio de la democracia.
Para que mejore el régimen democrático vigente, procuremos que la sociedad civil tenga mayor participación en las elecciones de nuestras autoridades; busquemos fortalecer los niveles de expresión de los ciudadanos. Los esfuerzos deben propender a que todos nos sintamos parte del país. El Comité pro Santa Cruz viene planteando la necesidad de perfeccionar la democracia. Como se sabe, la Constitución establece comicios democráticos para que la ciudadanía elija a las principales autoridades incluyendo alcalde y concejales. Pero se debería ampliar la elegibilidad a los prefectos y consejeros departamentales. No hay razón para temer la posibilidad de democratizar el nivel departamental; es decir, instituir una descentralización territorial, con elección directa de los mandos de carácter departamental y manteniendo la forma unitaria de Estado, como es el caso de Colombia, por ejemplo. Al respecto, el Comité, efectúo en mayo de 1997 una gran consulta cívica a nivel departamental. En otras regiones se hizo lo mismo y en todas, las respuestas fueron mayoritariamente afirmativas.
¿Por qué los dirigentes de casi todos los partidos políticos son contrarios a la opción de elegir a las autoridades departamentales? He escuchado argüir muchas veces, como un motivo principal, el supuesto riesgo de la ingobernabilidad del país porque podrían resultar efectos uno o más prefectos que no pertenezcan a los partidos en función de gobierno, y que por ello habría una pugna constante con el mando central del Poder Ejecutivo. (¿Fue a casa de este tipo de temores gubernamentales que los pueblos de Bolivia estuvieron privados de elegir a las autoridades municipales durante más de treinta años?). Por la férrea oposición política a tal planteamiento se ha venido dificultando el cambio constitucional requerido para elegir en cada departamento a las correspondientes autoridades que tengan la suficiente credibilidad y apoyo de parte de los ciudadanos. Bajo el sistema actual hay algunos prefectos que debido a su nombramiento directo por el Primer Mandatario porque éste los puede destituir en cualquier momento, prefieren guardar distancia con respecto a las reivindicaciones regionales, aunque no falten buenas razones para respaldarlas. También se ha esgrimido en contra de la elección del prefecto la manida cuestión del federalismo, sistema tan estigmatizado en nuestro país que sólo mencionarlo, ante sus detractores, es como nombrar al mismísimo diablo. Se afirma infundadamente que si se lo implanta se desintegrará la patria. Todas las opiniones merecen ser escuchadas y analizadas, en virtud de un gran elemental derecho social. El Poder Ejecutivo, Parlamento y Jefes de partidos deberían propiciar los foros que fuesen necesarios para tratar estos temas en la nación entera. Toda discusión franca, abierta y plenamente participativa enriquecerá, ciertamente nuestra formación democrática.
