Diálogo Nacional II y “Copenhague plus cinco”
Diálogo Nacional II y “Copenhague plus cinco”
Autor: Willi Noack
Publicado: El Nuevo Día, 15.06.2000
En 1995, en Copenhague, Dinamarca, se realizó la cumbre social mundial. Del 26 al 30 de junio de este año, se llevará a cabo una asamblea especial de la ONU en Ginebra, Suiza, para evaluar los progresos alcanzados en los tres temas centrales de Copenhague:
1. Lucha contra la pobreza, reduciendo la actual indigencia a la mitad.
2. Lucha contra el desempleo.
3. Integración social.
En la jerga corriente, la asamblea de Ginebra está bautizada “Copenhague plus cinco”.
Nuestro Diálogo se enmarca en esta agenda, y las afirmaciones relevantes1 nos sirven de orientación como insumo para la determinación de nuestro PRSP (“Poverty Reduction Strategy Paper”, traducido: Documento estratégico para reducir la pobreza). Estos PRSP, basados en una iniciativa del Banco Mundial – BM -, son una condición ineludible para obtener créditos o, en el caso actual, la condonación de nuestra deuda. El BM ha cambiado su paradigma, abandonando algunas creencias, por ejemplo la otrora convicción que el mecanismo del mercado logra automáticamente la reducción de la pobreza. Por otro lado, incorpora hoy como actores a la sociedad civil y el sector privado. El BM amplía su máxima del “buen gobierno” por la democratización profundizada. También se redefine la importancia relativa del crecimiento económico, reconociendo el efecto primordial de la redistribución socialmente justa. Todo eso significa que el BM ha cambiado mucho en los últimos años; y el nuevo director del FMI ha emitido también señales de buena voluntad reformadora, por ej.: insistir en que el 0,7% del PIB de países del Norte sea destinado para la cooperación al Sur.
La condonación como país HIPC exige sin opción la presentación de un PRSP, cuyos resultados serán evaluados cada tres años, no obstante un de monitoreo permanente. Un PRSP debe elaborarse participativamente, tal como en Bolivia los PDMs, y su ejecución debe realizarse bajo un control social.
Las políticas económicas y financieras de los países, que cuentan con PRSP, deben orientarse en la reducción de la pobreza, lo que amplía, en el caso nuestro, la temática del D.N. II más allá de sólo definir el destino de los recursos eventualmente condonados. En realidad, cualquier política, programa o proyecto, debe ser sometido a una evaluación del impacto sobre pobreza, desempleo y exclusión.
Es importante insistir que las nuevas modalidades participativas no deben sustituir las organizaciones formales de la democracia representativa, más bien, estás deben ser fortalecidas. Nuevas instancias participativas son bienvenidas y útiles para tomar decisiones (“ownership-feeling”) y controlar, pero, en su mayoría, son débiles y como tales vulnerables a las tentaciones de la corrupción. Otra duda radica en la legitimidad de estas instancias adicionales de control, pensando en el trecho entre teoría y hecho. Además, ¿cuáles serán los derechos concretos de los actores invitados adicionalmente? ¿Identificar y priorizar, para proponer, o dotados con poder de obligar a tomar en cuenta la voluntad cívica? Mucha tela para cortar, y sería oportuno discutir los arts. 7 y 8 LPP y el art. 14 LDA. Conviene que se evalúe en el marco del Diálogo II las experiencias con la Participación Popular y con la mal llamada “Descentralización administrativa del poder ejecutivo a nivel departamental”. ¿Pueden las ONGs, la sociedad civil, los medios de comunicación social como “cuarto poder” y el sector privado fungir como defensores y “grupos de presión” de los intereses colectivos, y también como fiscalizadores sin tener dentadura? ¿Pueden cooperar con la administración pública y, a veces, contra ella? Los hechos hacen dudarlo, si no se mejorará fortaleciendo estas instancias.
Para lograr los objetivos de Copenhague del desarrollo social, es imprescindible modificar nuestras “reglas de juego” o las condiciones estructurales macro vigentes. Las causas de pobreza e injusticia social radican en las estructuras deficitarias de la sociedad y de la organización del Estado. El D.N. II debe lograr como resultado esperado la perfección de la democracia, y se debe garantizar una distribución equitativa, midiendo las situaciones reales de diferentes grupos de la población cómo se benefician del progreso en qué grado son incluidos. Esta mayor justicia social equitativa, puede ser alcanzada con o sin crecimiento económico con la sola optimización de la relación entre costo y beneficio, y pasa por el INRA y el acceso democrático a financiamientos con intereses no-prohibitivos. En un pronóstico sobre la relación probable entre pobreza y crecimiento económico hasta el año 2008, el BM concluye que ni siquiera un alto crecimiento económico, pero con las actuales disparidades invariadas en la distribución produciría una reducción significativa de la pobreza; el mensaje es claro: ¡Se precisan mecanismos de una distribución equitativa!
Lo que pide le gente de Chuquisaca en el D.N. II, apunta a este objetivo, pidiendo reformas del Estado y el fortalecimiento de la democracia directa, en todas sus dimensiones, con énfasis en los Gobiernos Municipales autónomos y en la democratización de los partidos políticos. Si Bolivia presenta un PRSP con votos claros a favor de estas reformas estructurales, cumplirá con la expectativa de los acreedores. Nacería una nueva Bolivia.
fecha: 2001-07-28 23:42:23
autor: Willi Noack
